lunes, 20 de febrero de 2012

BASTA DE REPRESIÓN

Ante los hechos acaecidos en Valencia en los últimos días, JSPV-València Ciutat nos oponemos frontalmente a la brutalidad policial y a la actitud de represión institucionalizada contra las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía.

Consideramos justas las reclamaciones de un colectivo de estudiantes que solo piden lo que legítimamente les pertenece, el derecho a una educación pública y de calidad, que no puede estar sujeto a una situación de crisis económica, ni su defensa a delegaciones de gobierno de corte autoritario.

Nuestros compañeros y compañeras han participado y seguirán participando en las protestas. La juventud es el motor de cambio, y estos días estamos viviendo en primera persona cómo se quieren ahogar nuestras voces con la política del miedo.

Los recortes en educación que está aplicando la derecha más antisocial, supone hipotecar el futuro económico y social de este país. Quien concibe los presupuestos en educación como un gasto y no como una inversión, no lo hace arbitrariamente, sino que responde a una estrategia privatizadora, un ataque directo a nuestro Estado del Bienestar y a los logros conquistados a lo largo de generaciones.

Vemos cumplida una vez más la máxima de que “si no te ocupas de la política la política se ocupará de ti”. La participación y movilización ciudadana que se vive en las calles estos días, con gente concentrándose sin miedo a las represalias, demuestra que la sociedad valenciana esta más viva de lo que demuestran las mayorías absolutas de la derecha, y que en absoluto tiraremos la toalla en nuestras reivindicaciones.

Entendemos y compartimos, más si cabe estos días, la indignación de la sociedad. Intolerables declaraciones como las del Jefe superior de Policía de Valencia llamando “enemigos” a los manifestantes, motivo de cese en un estado democrático, no hacen más que alimentar la rabia ciudadana.

La delegada del gobierno en el País Valenciano, Paula Sánchez de León, es responsable directa del atropello policial ocurrido en nuestras calles y, por tanto, exigimos su dimisión inmediata, así como que el presidente del gobierno valenciano, Alberto Fabra, de la cara y no siga escondiéndose.

El Partido Popular ha lanzado un órdago a la sociedad civil, esta lo ha aceptado y no esta dispuesta a permanecer pasiva. Joves Socialistes apoyaremos las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía, alzaremos la voz contra los abusos y las injusticias, y seguiremos diciendo NO a la política del partido más antisocial y reaccionario.

COMISION EJECUTIVA LOCAL DE JSPV-València ciutat


sábado, 11 de febrero de 2012

PANDERETAS, JARANAS Y OLÉ




Cuando oigo hablar de la reforma laboral, sobre todo cuando los máximos dirigente de este país de fabulas, exclaman que la reforma es una plataforma para crear empleo, sin el menor atisbo de exageración, que estamos ante la mayor agresión a los derechos de la clase trabajadora desde la transición. Desde aquellos lejanos Pactos de la Moncloa (1977) y Estatuto de los Trabajadores (1980), que ya empezaron hace más de tres décadas a liquidar algunos de los derechos (despido libre y rebaja de la indemnización por despido o incrementos salariales según la inflación prevista) duramente conquistados por la clase trabajadora con su poderosa lucha durante la etapa final del franquismo, hasta hoy han sido nueve las reformas laborales.

Con ellas han ido imponiendo una creciente desregulación, flexibilidad y precariedad laboral, ya sea de forma pactada con los dirigentes de las centrales sindicales, con su pasividad cómplice o con una respuesta timorata e inconsecuente por su parte como el 29-S. De hecho, han sido los incalificables burócratas de las centrales sindicales quienes han allanado el camino a la reforma del PP con su pacto previo con la patronal donde aceptaban, entre otras cosas, el retroceso de los salarios por tres años más, con la que está cayendo sobre los trabajadores. La reforma que hoy ha anunciado el gobierno supone, en ese contexto, un salto cualitativo por varias razones, entre las que cabe destacar: Es la mayor agresión conocida a la negociación colectiva: además de hacer prevalecer los convenios de empresa sobre los de nivel superior, aumenta el poder empresarial al facilitar las cláusulas de descuelgue –ya aceptadas por las Centrales Sindicales, mas preocupadas por las representación sectorial— y cargarse la “ultra actividad” de los convenios (dejan de prorrogarse automáticamente pasados dos años después de haber vencido). Todo ello facilitará que los empresarios puedan imponer unilateralmente peores condiciones salariales y laborales a los trabajadores, limitando su capacidad de respuesta. El despido se abarata drásticamente por varias vías: se generaliza el despido improcedente a 33 días por 24 mensualidades (desapareciendo el despido de 45 días por 42 mensualidades) y se imponen nuevas causas para el despido justificado (bastará que una empresa vea reducidos sus ingresos durante tres trimestres consecutivos) que facilitarán que la mayoría de despidos sean objetivos (20 días por 12 mensualidades). Se mantienen las formas más precarias de contratación –contrato de aprendizaje y el límite a 24 meses en el encadenamiento de contratos temporales es poco menos que un chiste si tenemos en cuenta que se precariza todo el empleo, ya que se abarata el despido, igualando a la baja los contratos indefinidos con los temporales. Eso al margen del fraude patronal generalizado. Se suprime la autorización administrativa previa en los Eres, es decir, los empresarios podrán realizar despidos colectivos sin ninguna traba, y se extienden además al sector público la posibilidad de realizarlos. Esta era una vieja aspiración también de la patronal. Las ETT’s pasan a tener un papel central como agencias de colocación, lo que en la práctica supone la privatización del INEM por la vía de desviar su actividad hacia esas empresas de traficantes de trabajadores. En el mismo sentido de reducir derechos de los trabajadores y culpabilizarlos, aprovechando para privatizar lo público, se endurece la "lucha contra el absentismo laboral", dando mayor poder de control a las mutuas patronales, y se pretende que los parados con prestación realicen “trabajo social para la comunidad”, es decir, se les culpabiliza de su situación (cobran del Estado sin hacer nada) y se les utiliza para cubrir servicios públicos que corresponderían al Estado con lo cual el estado se ahorra de contratar trabajadores públicos, siendo esto un ataqué en la línea de flotación de aquél empleo publico y de calidad que convocaba el ESTADO.

Se trata de una reforma laboral que ataca en profundidad conquistas históricas de la clase trabajadora, los verdaderos productores de riqueza y la inmensa mayoría de la sociedad, en beneficio del capital. Y ningún trabajador o trabajadora (activo o parado, indefinido o temporal, del sector público o del privado, autóctono o inmigrante, joven o mayor) escapa a sus efectos, independientemente de la conciencia o el conocimiento que pueda tener sobre ello. Ni que decir tiene, por lo tanto, que tamaña agresión exige una respuesta lo más unitaria, amplia y sostenida en el tiempo que sea posible, si se quiere tener posibilidades reales de echarla abajo. Una agresión que hay que ver, además, como parte de la enorme ofensiva del capital y sus gobiernos contra los derechos también sociales de la mayoría social trabajadora, sobre la que quiere descargar la crisis ocasionada por el capital. A esa tarea debieran volcarse el sindicalismo de clase y alternativo, el activismo sindical y los movimientos sociales comprometidos con los intereses populares. Para el empresariado esta es una REFORMA de jarana, pandereta y ¡OLE!, mientras las colas ante Caritas cada día se van ampliando y se abren mas comedores sociales en los diferentes municipios gobierne quien gobierne.
José María Dominguez