Ya hemos pasado las
navidades y los reyes, hemos empezado la siguiente cuesta de enero, como cada
año que lo único que cambia es el escribir la fecha. Pues la realidad que nos
acontece es la misma que ocurría en enero de 2017. Digo la misma perdón me he
equivocado, estamos peor. Este año pasado se han perdido ocho millones de horas
de trabajo. Se ha firmado más de veinte millones de contratos de los cuales
solo un millón novecientos mil aproximadamente, son indefinidos. La mayoría de
contratos firmados son contratos basura, contratos de una semana, o por horas o
en el mejor de los casos por algunos meses. (Y un Presidente de este gobierno nos felicita el año 2018 diciendo
“Feliz 2016”)
De otro lado “nuestro
entrañable gobierno” a los pensionistas le subirán el 0,25% y a los
funcionarios el 1,5% eso si siempre y cuando le aprueben sus presupuestos en
las Cortes.
Os habéis puesto a
pensar que en Benicarló, con un alto porcentaje de jubilado del sector agrario,
cuyas pensiones máximas oscilan de 600 a 800€.
Por desgracia, no hemos salido de la crisis
por más veces que lo repitan en sus medios de propaganda que son las TV.
Sabemos lo suficiente sobre lo tremendamente injusto y negativo del hoy en
España: sobre desempleo insostenible en adultos y jóvenes; sobre emigrantes
forzosos (más de dos millones trescientos mil), pensionistas pobres,
investigadores en precario, fracaso en educación, bajos salarios y trabajadores
pobres neo esclavos, contratos basura, insuficientes ayudas sociales, escasos
recursos contra la violencia machista y otros asuntos de interés público
resueltos siempre en contra nuestra.
Y mirar según el
Consejo Económico y Social, 422.600 hogares vivían gracias a la pensión de los
abuelos con ingresos medios de 840 € y que a pesar de su exigüidad, constituía
hasta hoy el último salvavidas de los restos del naufragio económico español,
pero teniendo en cuenta que se ha establecido por Ley un mínimo incremento de
las pensiones de un 0,25 %, el colchón familiar verá reducido su grosor y se
elevará el riesgo de pobreza y fractura social. Así, según el último informe de
Intermon Oxfam sobre “Crisis, desigualdad y pobreza”, se advierte que de
continuar los recortes sociales, la pobreza en España podría llegar a afectar
al 40 % de la población en el horizonte de la próxima década. En la actualidad,
según dicha ONG, la tasa de pobreza se situaría en el 27% de la población y
afectaría ya a casi 13 millones de personas) y según Cáritas tres millones de
personas vivirían ya en situación de “pobreza severa” (menos de 307 euros al
mes) mientras el número de millonarios en España habría aumentado un 13% en el
último año según datos de Eurostat, con lo que se está agudizando de forma
vertiginosa una fractura social de resultados impredecibles.
Fuera aparte del caos
circulatorio, cuando cae una nevada y más en una autopista de pago, no nos
podemos olvidar de la pobreza energética que afecta a la mayoría de este
Estado, donde se enriquecen unos pocos a cuenta de las desdichas de la gran mayoría.
Muchos podríamos
pensar que ahora que les dio por eso de hacerse abanderados del
constitucionalismo harían cumplir la Constitución del 78 y exigirían aquello
que aparece en su Título VIII, artículo 128:
“1.Toda la riqueza
del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general.
2. Se reconoce la
iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al
sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de
monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere
el interés general.”
A mí personalmente me da la impresión que la
opción de la nacionalización, no solo legítima, sino como a todos los españoles
de bien gusta, legal y constitucional vaya a aplicarse. Lo máximo fue la ley
Catalana que exigía una consulta previa a Asuntos sociales antes del corte de
suministro, pero tras el recurso de la
propia Endesa, los jueces anularon dicha ley en diciembre de 2016.
Un principio de solución
sería “la Tasa Tobin” y pagar el estado la Renta Básica a toda la ciudadanía.
José Mª Domínguez
