CARTA ABIERTA A UN PADRE OBJETOR

Estimado señor:

Es usted uno de los padres que, al parecer, ha objetado, en nombre de su hijo, y no quiere que se le imparta Educación para la Ciudadanía, ni en castellano, ni en valenciano, ni en inglés. Simplemente, no quiere. Tiene miedo que se adoctrine a su hijo, dice que la educación moral es cosa suya --si es la moral también podría ser la religiosa, digo yo--, y en definitiva parece poder sostener su postura en la argumentación de que la educación es cosa de los padres y que el Estado, vía escuela o sistema reglado de enseñanza, debe limitarse a instruir, es decir, enseñar matemáticas, lengua, informática o geografía, por ejemplo.

Esta argumentación, quizá formulada con toda la buena fe --quizá haciendo de usted un claro objeto de instrumentalización política--, no se sostiene por ningún lado: es imposible, no tiene en cuenta la realidad social, ignora las bases ilustradas de las sociedades modernas y no es deseable. Son muchas las diatribas y habrá que probarlas --pensará usted--. En efecto, tiene toda la razón. Vayamos, pues, por partes.

Es imposible porque todo profesor, y de eso tenemos que ser conscientes los mismos docentes, cuando instruye educa, quiéralo o no y casi sin darse cuenta. El profesor, con su puntualidad, su profesionalidad, la actitud ante la asignatura y sus alumnos, la justicia en sus decisiones, etc., etc., no solamente está instruyendo, está educando.

Pero es que, además, su planteamiento, ignora una realidad social lamentable y es que la formas de socialización primaria que tradicionalmente realizaba la familia, cada vez las asume en mucha menor medida o hace casi dejación de ella. ¡Eso quisiéramos los docentes, que las familias, todas las familias, continuaran tomándose muy en serio su función educativa!.

Y en todo caso, se quiera o no, la modernidad ha tenido lugar, Kant ha hablado y eso quiere decir que la sociedades liberal democráticas, abiertas, procedimentales y post-tradiciones, no teocráticas, ni fundamentalistas, se basan en la distinción esencial entre moralidad y legalidad.

Y eso quiere decir algo muy simple, pero que a la humanidad le ha costado mucho asumir: Las sociedades modernas amparan dentro de sí distintas concepciones de la vida buena, distintas moralidades, religiosas o no, que forman parte de la privacidad de cada individuo o de su familia, pero todas ellas caben, si con alguna de sus prácticas no lo rebasan, dentro del ámbito de la legalidad, de lo público, colectivo y común que es el terreno de la ciudadanía. Y si nos encontramos y nos reconocemos como seres sociales, próximos y humanos lo haremos en el terreno de lo público, de los derechos, de la justicia y de la ciudadanía. No todos somos católicos, protestantes, mahometanos, hombres o de clases elevadas, pero todos somos ciudadanos. Por eso es tan importante una educación en la ciudadanía y no es cosa ni de derechas ni de izquierdas, ni de este partido, ni del otro, es el foro común y público de unas sociedades modernas y democráticas que quieren estar a la altura de los sistemas sociales complejos, interculturales y plurales que nos ha tocado vivir.

Y por último, tampoco es deseable que la educación de su hijo sea cosa solo suya y de su familia. ¿Y si un padre es racista, xenófobo, maltratador o violento? ¿Dejaremos que eduque a sus hijos en el racismo, la xenofobia, el machismo o la violencia? Mire, últimamente ha tenido bastante predicamento un bello adagio de los masai: "Hace falta toda una tribu para educar a un niño". La educación es cosa de todos. Ojalá todas las instancias sociales asumieran su función educativa. Si la asume el Estado, las sociedades democráticas, bienvenido sea porque la polis tiene todo el derecho a educar, es decir, a enseñar las bases éticas, jurídicas y políticas en las que se basa nuestra convivencia. Causa hasta cierto rubor decirlo, pero cómo no van a enseñar las sociedades democráticas los fundamentos cívicos, filosóficos y jurídicos que las hacen posible. Algún europeo que siga la polémica debe estar estupefacto. En la agenda de Lisboa que marca los objetivos educativos europeos se establece la competencia cívico-social como una de las competencias básicas que debe asumir un niño.

"Es el Estado el que decide las asignaturas que estudian los alumnos. Los que no estén de acuerdo con alguna que vayan a los tribunales. Lo que no se puede hacer es dejar la decisión en manos de los particulares, alumnos o padres". No son palabras mías, ni de algún responsable gubernamental. Lo decían los obispos en un documento entregado al Ministerio de Educación; pero el documento es del 2004, entonces quien gobernaba era el Partido Popular y se trataba de incluir una asignatura para que los alumnos que no estudiaran religión confesional no se fueran a casa. ¿Coherencia, se llama eso?

Venga a mi centro, coja un libro de Educación para la Ciudadanía y léalo, verá como no hay nada tan terrible y quizá se dé cuenta de que le han metido a usted y a nosotros en una refriega política que puede estar bien en otros ámbitos pero que no tiene que trasladarse a las aulas.

Queda suyo atentísimo y presto a atender sus objeciones.
Josep Martí Garcia

Catedrático de Filosofía del IES Penyagolosa