El grupo municipal socialista de Castellón recrimina la actitud del alcalde, Alberto Fabra, por negarse a acatar las sentencias que diversos tribunales han dictado en contra del Ayuntamiento de Castellón. El concejal Juli Domingo llama a Fabra “insumiso judicial” por rebelarse ante las decisiones de la Justicia que han puesto en tela de juicio actuaciones “ilegales” del Partido Popular. “Castellón no se merece un alcalde que gestiona el urbanismo al margen de la ley”, afirma.
Domingo efectúa estas declaraciones tras conocerse que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castellón no ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el proyecto de la estación de bombeo del emisario submarino del Grau por causar ruidos, molestias y malos olores a los vecinos.
El Ayuntamiento de Castellón decidió construir la estación de bombeo en un área calificada en el PGOU como zona verde. En la última providencia judicial remitida a las partes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, fechada en julio, se censura la dejación de funciones del Ayuntamiento y se anuncia, así mismo, que “vista la falta absoluta de cumplimiento y los reiterados requerimientos” se plantea imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a la primera autoridad municipal y hasta exigirle la oportuna responsabilidad penal.
“La actitud obstruccionista y la falta de respeto a la Justicia que tiene Fabra ya la pudimos comprobar hace nueve meses, cuando una sentencia del Tribunal Supremo anuló el Plan General de Ordenación Urbana. El PP se negó a acatar el fallo y estuvo meses mintiendo a los castellonenses hasta que no le quedó más remedio que reconocer que la Justicia le obligaba a sacar de nuevo el PGOU a exposición pública”, afirma Domingo.
En esta ocasión, es también una sentencia del Supremo la que obliga al Ayuntamiento a anular el acuerdo plenario de 1999 por el que se aprobó el proyecto del emisario submarino del Grau. La sentencia, fechada el 26 de mayo de 2008, responde al recurso de casación presentado hace años por los vecinos, quienes exigieron al Ayuntamiento una indemnización por los daños causados.
Castellón, 18 de septiembre de 2009
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