NO AL PACTO SOCIAL

y los capitalistas exigen más contundencia contra los trabajadores

El recorte de la oferta pública de empleo en un 70% el próximo año, la privatización de la AENA (organismo que gestiona los aeropuertos), la segregación de Renfe del transporte de mercancías (también para privatizarse), las ayudas a las multinacionales del automóvil con nuevo plan Renove y un plan de mejora de la financiación de las empresas, están entre las medidas de más calado del "paquete" contra la crisis que el gobierno anunció a finales de junio y que ha contado con el respaldo entusiasta y unánime del mundo patronal. Estas decisiones, junto a la actitud policial y despectiva hacia la lucha de los camioneros autónomos, atrapados entre la caída de la actividad económica y la subida de los precios de la gasolina, está poniendo en evidencia el carácter antiobrero de la política económica del gobierno, que antes aparecía más eclipsada por el crecimiento económico y la dura oposición del PP. Zapatero está tratando de evitar el desgaste político diciendo que, a pesar de la crisis, no se van a tocar las prestaciones sociales. Pero más allá de las palabras, la dinámica real es que ante la inflación desbocada que se come los salarios (según datos del propio Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en un año la leche ha subido un 22,4%, el pan de molde el 13%, la mantequilla y el arroz el 12%, el pollo, los huevos y los yogures el 11%), el crecimiento del desempleo y la subida de las hipotecas que está asfixiando la economía de muchas familias trabajadoras el gobierno toma medidas que, fundamentalmente, favorecen a los capitalistas, como las rebajas de impuestos, las privatizaciones y los ya anunciados recortes presupuestarios. A pesar de todo, la burguesía exige más del gobierno, y con más rapidez.

Campaña contra
los salarios

A la par que los síntomas de recesión económica de la economía española se hacen más evidentes -y los datos que empujan a esta perspectiva se suceden con una tremenda velocidad- se extiende una campaña cada vez más persistente por parte de la burguesía, consistente en culpabilizar a los trabajadores de la crisis, atacando con peculiar énfasis las cláusulas de revisión salarial y otras "rigideces del mercado laboral". Es el mundo al revés, en el que las víctimas son las culpables. En la vanguardia de esta ofensiva está Miguel Ángel Ordóñez, gobernador del Banco de España, cuyas "propuestas" se presentan con la debida aureola de autoridad que le confiere su posición "neutral" como jefe del "órgano regulador". No se anda con remilgos: "El Banco de España cree que es ‘apremiante' contener los salarios a corto plazo (...)". "La persistencia de la inflación en España es mayor que en el resto del área euro debido a la rigidez de precios y salarios". "El Banco de España destaca la necesidad de favorecer la flexibilidad laboral más allá de la que se deriva de la temporalidad (...)" (La Vanguardia, 17-06-2008).
De un modo muy poco subliminal el Sr. Ordónez chantajea a los trabajadores, que sólo podrían optar entre perder poder adquisitivo por la buenas (aceptando sus medidas) o por las malas, acabando en el paro y reincorporándose después al trabajo con un salario inferior: "Una vez que los desequilibrios han adquirido un cierto nivel, este ajuste va a hacerse con unos costes enormes si no se toman medidas, pero debemos tratar que no sea vía empleo, echando a la gente, y luego contratándola a precios más bajos" (Efe, 24-06-08). ¡Como piensa el Sr. gobernador en "la gente"! Respecto a las pensiones, aboga por "cotizar más años para recibir la misma pensión y completar la aportación pública con ahorro privado" (El País, 18-06-08), es decir, trabajar hasta morir y privatizar el sistema de pensiones.
Los representantes de la burguesía saben muy bien las recetas que les conviene en tiempos de crisis y lo argumentan con toda claridad. Un editorial de Cinco Días (18-06-2008), titulado significativamente "Ordóñez marca la hoja de ruta", acababa de la siguiente manera: "Las empresas están, ante la caída de la demanda, cercadas por la tripe espiral de costes: financiero, energético y laboral". Como los dos primeros factores dependen de factores externos difícilmente controlables la conclusión es evidente: "Sólo el control del coste laboral puede compensar el daño del resto para conservar el empleo y la competitividad de la empresa (...)", léase, para conservar sus beneficios. Se puede hablar más alto, pero no más claro.
Sin variar el contenido ni la claridad de las exigencias empresariales, algunos estrategas del capital añaden una dosis increíble de hipocresía y llegan a hablar, literalmente, en nombre "de los intereses generales de la clase obrera". Es el caso de Ángel Laborda, director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en un artículo titulado "La mejora de la productividad requiere reformas" (El País, 22 de junio). Según este texto, para nuestro propio bien, debemos entender que "el indicador que apunta con más gravedad a problemas estructurales es el de los costes laborales (...)". Así que "mantener el poder adquisitivo de los salarios al margen de la productividad (...) nos está provocando una pérdida importante de competitividad que (...) de no remediarse, se traducirá en una grave reducción del potencial de crecimiento a medio y largo plazo".
En resumidas cuentas, como hemos podido leer en los diáfanos párrafos anteriores, la lucha por mantener el poder adquisitivo de los salarios así como las conquistas laborales y sociales de los trabajadores (denominadas "rigideces", en lenguaje "neutral") son culpables ni más ni menos que de la inflación, de la falta de competitividad, del desempleo y de la prolongación y profundidad de la crisis. Sólo hay una receta salvadora: que nos tiremos al precipicio por voluntad propia. Éste es el mensaje de la burguesía: vais a pagar el pato de la crisis de todas maneras, pero si lo aceptáis pasivamente, sin lucha, todo será más fácil para "la sociedad" y para "la economía".

Desequilibrio social
y político

Y aquí enlazamos con un aspecto central de la situación política actual. Efectivamente, desde el punto de vista de los capitalistas, la única manera de hacer frente a los tremendos desequilibrios acumulados en la economía, derivados del carácter depredador y caótico del capitalismo, es atacando a los trabajadores. Es la lógica implacable del sistema capitalista. Sin embargo, el "reequilibrio" en lo económico que persiguen con sus "propuestas" es una receta acabada para un brutal incremento del desequilibrio en el terreno social y político, es decir, para un escenario de conflictividad social e inestabilidad política sin precedentes.
La burguesía tiene claras las recetas necesarias y está maniobrando para aplicarlas con el mínimo coste político para sus intereses, tanto a corto como a medio plazo. En este proceso, tanto la patronal como el núcleo fundamental del gobierno PSOE, copado por ministros muy bien relacionados con el mundo financiero y empresarial, están tratando de que las medidas de choque se apliquen envueltas en forma de pacto social, implicando una vez más a los dirigentes sindicales. Por supuesto, para la ejecución de este plan, el problema no está en los deseos de la cúpula dirigentes de CCOO y UGT, que anhelan la paz social tanto o más que los empresarios y el gobierno. El problema está, y esto explica todas las cautelas y temores en los que está envuelta la negociación del nuevo pacto social, en la reacción de la clase obrera frente a las medidas que la burguesía tiene en su agenda y frente a los efectos sociales que en sí misma está teniendo una crisis que probablemente sea profunda y prolongada.
Los estrategas más inteligentes de la burguesía prefieren un escenario de consenso a uno de conflictividad, pero no es el único que contemplan y desde luego no es el único para el que se preparan. Es más: el "consenso" no es un fin en sí mismo, sino un medio para aplicar un plan de choque cada vez más urgente. Esto último es lo fundamental y si no es con "consenso" habrá que aplicarlo de otra manera. En este sentido fue muy significativo el editorial de El País (20-06-07) titulado "Ruido e indefinición", en el que se hacía una crítica directa a la tibieza del gobierno en los prolegómenos de la negociación del nuevo pacto social con la patronal y los sindicatos. Refiriéndose a la actitud de Zapatero el artículo resalta el "impacto" que ha causado "su compromiso de que ‘no habrá ninguna iniciativa laboral sin consenso con los interlocutores sociales". Según el editorial, esta declaración de Zapatero "recorta su capacidad de maniobra para imponer el último criterio en caso de una negociación enrevesada". En otras palabras, critica al gobierno por no hacer sus deberes preparando el clima político apropiado para la imposición de medidas expeditivas y sin tanto consenso. Critica también al equipo económico de Zapatero por no tener claras "las decisiones que deben discutirse de forma perentoria" refiriéndose, de forma muy directa, a "una reforma profunda de los mercados, incluido el laboral" y a "ampliar el periodo de contribución que da derecho a pensión".

Usar y tirar

En este artículo se refleja perfectamente la actitud de la burguesía hacia los dirigentes reformistas de los partidos y sindicatos obreros: usar y tirar. Al fin y al cabo es precisamente para ser utilizados en momentos críticos, como en el que estamos, que un sector de la burguesía los ha alimentado y mimado políticamente durante años. Toca devolver los servicios prestados. El endurecimiento de la política antisocial del gobierno, que por otra parte emana de la falta de alternativa del reformismo al sistema capitalista, acabará provocando, tarde o temprano, tensiones en el propio aparato del PSOE y entre la dirección del partido y su base social. A pesar de todos los cuidados de la burguesía más perspicaz para evitar situaciones delicadas, como por ejemplo todos sus intentos de crear una "derecha democrática", son los procesos objetivos los que acabarán siendo determinantes en la situación política, e inevitablemente llevarán a nuevas y más graves complicaciones La sociedad no es un laboratorio donde todos los factores que inciden en el experimento están medidos y controlados. El factor económico está introduciendo un poderoso factor de inestabilidad que se viene a sumar a todas las tensiones políticas acumuladas en el pasado reciente. La principal diferencia de esta crisis con las anteriores es el cambio de época, un proceso de carácter mundial.
El curso que se cierra ha dado bastantes síntomas del clima de malestar que se respira entre la juventud y la clase obrera que quizás desemboque en un otoño muy caliente. Si los dirigentes de CCOO y UGT atendiesen al ambiente y a los intereses generales de la clase trabajadora deberían estar haciendo una fuerte campaña de movilización en defensa del empleo y del poder adquisivo.
Dentro de las variables que las perspectivas presentan, en un contexto tan turbulento, hay algo que está claro: todas las maniobras de la burguesía y de la socialdemocracia no evitarán la respuesta de lucha de la clase obrera ni su capacidad de rápida asimilación de experiencias y de ideas en un periodo marcado por grandes acontecimientos y en el que el capitalismo y el reformismo no tienen nada que ofrecer.

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EL MILITANTE