DEMOCRACIA Y PRIVILEGIOS

Ante la convocatoria de la próxima huelga general se ha suscitado un debate acerca del lugar de los sindicatos en nuestra sociedad, un debate, sin duda, importante pero que amenaza con velar el auténtico problema de fondo: el modelo social que configura la reforma laboral que propone el gobierno. Por ello propongo al lector deslindar, desde el principio, los dos temas. Una cosa es la función de los sindicatos y otra la importancia del Derecho del trabajo a la hora de conformar una sociedad democrática. Comencemos con el primer asunto. Los sindicatos convocan una huelga general que ni es la primera ni será la última. Una huelga general que tiene, sin embargo, unas características especiales. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 se realizó en plena hegemonía del socialismo y marcó la ruptura dentro de la entonces llamada familia socialista, una ruptura que marcaría para siempre las relaciones personales entre Felipe González y Nicolás Redondo. Estábamos en una época en la que el Partido Popular estaba bajo mínimos y en la cual, muchos medios conservadores, atribuían al sindicalismo el papel de auténtica oposición ya que era capaz de recoger las demandas de la calle, olvidadas por la soberbia económica y política de una elite político-económica dispuesta a ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Aquélla fue la huelga más relevante de los años de gobierno de Felipe González, una huelga que se saldó, tras una negociación posterior, con un gran éxito para los sindicatos; habían logrado parar el país, habían conmocionado a la opinión pública y fueron capaces de recoger el sentido de aquellas movilizaciones en un conjunto de conquistas para trabajadores, funcionarios y pensionistas. Todo el que recuerda estos hechos se asombra cuando escucha que las huelgas no tienen ninguna repercusión positiva, son inútiles, son ineficaces y no conducen a nada. Por recordar otra huelga con éxito no hay sino que pensar en lo ocurrido con el gobierno de Jose María Aznar y el destino que tuvieron los ministros Aparicio y Cabanillas tras el éxito de los sindicatos en la primavera del 2002. Es igualmente cierto, sin embargo, que hay momentos en que las huelgas no cambian los designios de los gobiernos. Pensemos en la huelga contra la reforma laboral de enero del 94 o en la huelga del 29 de septiembre del 2010. Se fueron aprobando reformas laborales que nos han llevado a la situación actual. La situación se puede resumir en algo que los sociólogos nos llevan advirtiendo durante años: no estamos asistiendo a un aburguesamiento del proletariado, estamos ante una proletarización de sectores importantes de las clases medias. Este es el quid de la cuestión. Estamos ante un asunto de tal gravedad que no es extraño que se incrementen los miedos, las angustias, los agravios, y que se propicie un caldo de cultivo donde se busca desesperadamente un responsable de todo lo que ocurre. Hay que decir que la búsqueda ha sido fructífera, parece que se ha hallado un chivo expiatorio: los auténticos responsables de lo que ocurre son los sindicatos. Es hora de ponerlos en su sitio, de demostrar a la opinión pública quien manda, y de no ceder ante sus reivindicaciones. Es el momento de ser firmes, de utilizar, si es menester, los aparatos policiales y de controlar los medios de comunicación estatales. Nadie es invencible. Sólo hay que tener determinación. Margaret Thatcher lo entendió así y supo encarar el combate con decisión reduciendo el poder de los sindicatos británicos. Mariano Rajoy no debe ser menos. Si es preciso debe llamar a lo ciudadanos corrientes a manifestarse para apoyar al gobierno y mostrar que la calle es de los que ganaron las ultimas elecciones generales. Todo este conjunto de iniciativas muestran que estamos ante una huelga muy distinta a las anteriores. Aquellas huelgas marcaron puntos de inflexión en el 88 y en el 2002; ahora estamos ante el inicio de un conflicto social que nadie sabe como se va a desarrollar. Por el momento la derecha conservadora tiene un gran control de los medios de comunicación y sólo está preocupada por limpiar Televisión española de lo que denomina restos del zapaterismo. Con ese fuerte control ideológico nos encontramos con una opinión pública de izquierda que se tiene que refugiar en los medios digitales para poder contrarrestar la avalancha ideológica que trata de culpabilizar a las organizaciones sindicales de todo lo que ocurre. Para conseguir ese objetivo es imprescindible ganar la batalla ideológica y transformar el sentido de las categorías que utilizamos para entender la realidad social. Por utilizar una sola de esas categorías, que hay que recomponer para transformar su significado, recomiendo al lector que observe como se utiliza la categoría de privilegio. Durante decenios el privilegio se entendía como el poder que emana de una herencia aristocrática y que permite a los detentadores de ese poder perpetuar su riqueza sin esfuerzo laboral alguno. Distinto es el privilegio de la clase burguesa que permite acumular un capital industrial o financiero; este privilegio se asienta en una desigualdad que hay que ganar día a día a través de la lucha de clases. Ese mundo de la aristocracia del antiguo régimen y de la burguesía capitalista fue combatido por el movimiento obrero desde mitad del siglo XIX. A través de una lucha denodada por conquistar el sufragio universal en lo político y por asentar organizaciones sindicales en lo social, se fue consiguiendo que los sectores privilegiados se vieran forzados a pactar las condiciones laborales, el régimen salarial y la duración de la jornada laboral. Esa fue la gran aportación del Derecho del Trabajo. Se fue así fraguando un modelo de Estado en el que los derechos económico-sociales se extendieron al conjunto de la población y las oportunidades de vida se abrieron para todos. Para alcanzar ese modelo social hubo que soportar dos guerras mundiales, vivir la experiencia del Fascismo y del Nazismo, hasta llegar a construir un modelo de democracia que fuera atractivo para los trabajadores ante la experiencia alternativa de los países del Este. El sistema se legitimaba afirmando que no era necesaria la revolución para poder alcanzar la dignidad en el mundo del trabajo y la igualdad de oportunidades para el conjunto de la sociedad. Desde hace años todo este universo comenzó a cambiar y los sectores conservadores se dieron cuenta de que el privilegio hoy sólo es posible para unos pocos, cada vez para menos y que los derechos no se pueden mantener. Había que cambiar la lógica del debate social. Había que oponer a los pobres con los nuevos pobres, a los excluidos con los trabajadores en activo, a los parados con los sindicalistas, a los padres con empleo con los hijos abocados al precariado. Una pieza esencial en este combate era mostrar que los derechos que tienen los que están dentro del sistema son “privilegios” que no se pueden mantener. No son derechos que ha costado mucho conseguir y que hay que preservar. No se trata pues de incluir al que está fuera sino de lanzar al abismo al que está dentro. Durante mucho tiempo se hablaba de la capacidad del capitalismo para integrar al proletariado a través del consumo de masas. Los proletarios de la sociedad industrial avanzada sí tenían algo que perder. No estaban abocados a la pauperización. Eran ciudadanos y consumidores; y por ello se iban aburguesando paulatinamente ya que ellos mismos se vivían como clase media. Hoy todo ha cambiado. Ya nada es seguro. Nadie sabe si el esfuerzo educativo conduce al empleo, si las pensiones están garantizadas, si se podrá mantener el sistema sanitario, si nuestros hijos vivirán como nosotros. Ante tal incertidumbre, ante tal angustia los sectores conservadores han logrado difundir la idea de que los auténticos responsables de lo que ocurre son los cancerberos del mercado laboral, los responsables son unos sindicalistas que sólo tratan de defender sus privilegios y a los que los trabajadores reales poco o nada importan. Hay que decir que la difusión de esta idea puede acabar por imponerse y esta es una de las cosas que se juega en la próxima huelga general; mientras no se logre mostrar a la opinión pública quienes son los auténticos privilegiados la batalla está perdida. Recomiendo al lector para empezar este trabajo que rescate una imagen reciente: en unas jornadas económicas el propietario de un gran medio de comunicación recibe obsequioso al presidente del Gobierno, acompañado por el presidente de una gran caja de ahorros. La imagen es inigualable. Juntos Bankia (Rato) y el grupo Prisa (Cebrián) acompañados por el cerebro económico de la CEOE (Iranzo) arropando a Rajoy. Eran la viva imagen del privilegio económico influyendo en las decisiones del poder político. Han pasado días desde aquella foto y observo, con asombro, que nadie habla de los auténticos privilegiados, que la catarata mediática sigue centrada en intentar convencernos de que los auténticos privilegiados son los sindicalistas, esos sindicalistas que quieren mantener unos privilegios que de una vez por todas hay que erradicar. La operación es clara: blindemos a la minoría auténticamente privilegiada y echemos a pelear a todos los demás. Antonio Garcia Santesmases [publicado en la Web de "Viento Sur"]

BASTA DE REPRESIÓN

Ante los hechos acaecidos en Valencia en los últimos días, JSPV-València Ciutat nos oponemos frontalmente a la brutalidad policial y a la actitud de represión institucionalizada contra las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía.

Consideramos justas las reclamaciones de un colectivo de estudiantes que solo piden lo que legítimamente les pertenece, el derecho a una educación pública y de calidad, que no puede estar sujeto a una situación de crisis económica, ni su defensa a delegaciones de gobierno de corte autoritario.

Nuestros compañeros y compañeras han participado y seguirán participando en las protestas. La juventud es el motor de cambio, y estos días estamos viviendo en primera persona cómo se quieren ahogar nuestras voces con la política del miedo.

Los recortes en educación que está aplicando la derecha más antisocial, supone hipotecar el futuro económico y social de este país. Quien concibe los presupuestos en educación como un gasto y no como una inversión, no lo hace arbitrariamente, sino que responde a una estrategia privatizadora, un ataque directo a nuestro Estado del Bienestar y a los logros conquistados a lo largo de generaciones.

Vemos cumplida una vez más la máxima de que “si no te ocupas de la política la política se ocupará de ti”. La participación y movilización ciudadana que se vive en las calles estos días, con gente concentrándose sin miedo a las represalias, demuestra que la sociedad valenciana esta más viva de lo que demuestran las mayorías absolutas de la derecha, y que en absoluto tiraremos la toalla en nuestras reivindicaciones.

Entendemos y compartimos, más si cabe estos días, la indignación de la sociedad. Intolerables declaraciones como las del Jefe superior de Policía de Valencia llamando “enemigos” a los manifestantes, motivo de cese en un estado democrático, no hacen más que alimentar la rabia ciudadana.

La delegada del gobierno en el País Valenciano, Paula Sánchez de León, es responsable directa del atropello policial ocurrido en nuestras calles y, por tanto, exigimos su dimisión inmediata, así como que el presidente del gobierno valenciano, Alberto Fabra, de la cara y no siga escondiéndose.

El Partido Popular ha lanzado un órdago a la sociedad civil, esta lo ha aceptado y no esta dispuesta a permanecer pasiva. Joves Socialistes apoyaremos las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía, alzaremos la voz contra los abusos y las injusticias, y seguiremos diciendo NO a la política del partido más antisocial y reaccionario.

COMISION EJECUTIVA LOCAL DE JSPV-València ciutat

PANDERETAS, JARANAS Y OLÉ

Cuando oigo hablar de la reforma laboral, sobre todo cuando los máximos dirigente de este país de fabulas, exclaman que la reforma es una plataforma para crear empleo, sin el menor atisbo de exageración, que estamos ante la mayor agresión a los derechos de la clase trabajadora desde la transición. Desde aquellos lejanos Pactos de la Moncloa (1977) y Estatuto de los Trabajadores (1980), que ya empezaron hace más de tres décadas a liquidar algunos de los derechos (despido libre y rebaja de la indemnización por despido o incrementos salariales según la inflación prevista) duramente conquistados por la clase trabajadora con su poderosa lucha durante la etapa final del franquismo, hasta hoy han sido nueve las reformas laborales.

Con ellas han ido imponiendo una creciente desregulación, flexibilidad y precariedad laboral, ya sea de forma pactada con los dirigentes de las centrales sindicales, con su pasividad cómplice o con una respuesta timorata e inconsecuente por su parte como el 29-S. De hecho, han sido los incalificables burócratas de las centrales sindicales quienes han allanado el camino a la reforma del PP con su pacto previo con la patronal donde aceptaban, entre otras cosas, el retroceso de los salarios por tres años más, con la que está cayendo sobre los trabajadores. La reforma que hoy ha anunciado el gobierno supone, en ese contexto, un salto cualitativo por varias razones, entre las que cabe destacar: Es la mayor agresión conocida a la negociación colectiva: además de hacer prevalecer los convenios de empresa sobre los de nivel superior, aumenta el poder empresarial al facilitar las cláusulas de descuelgue –ya aceptadas por las Centrales Sindicales, mas preocupadas por las representación sectorial— y cargarse la “ultra actividad” de los convenios (dejan de prorrogarse automáticamente pasados dos años después de haber vencido). Todo ello facilitará que los empresarios puedan imponer unilateralmente peores condiciones salariales y laborales a los trabajadores, limitando su capacidad de respuesta. El despido se abarata drásticamente por varias vías: se generaliza el despido improcedente a 33 días por 24 mensualidades (desapareciendo el despido de 45 días por 42 mensualidades) y se imponen nuevas causas para el despido justificado (bastará que una empresa vea reducidos sus ingresos durante tres trimestres consecutivos) que facilitarán que la mayoría de despidos sean objetivos (20 días por 12 mensualidades). Se mantienen las formas más precarias de contratación –contrato de aprendizaje y el límite a 24 meses en el encadenamiento de contratos temporales es poco menos que un chiste si tenemos en cuenta que se precariza todo el empleo, ya que se abarata el despido, igualando a la baja los contratos indefinidos con los temporales. Eso al margen del fraude patronal generalizado. Se suprime la autorización administrativa previa en los Eres, es decir, los empresarios podrán realizar despidos colectivos sin ninguna traba, y se extienden además al sector público la posibilidad de realizarlos. Esta era una vieja aspiración también de la patronal. Las ETT’s pasan a tener un papel central como agencias de colocación, lo que en la práctica supone la privatización del INEM por la vía de desviar su actividad hacia esas empresas de traficantes de trabajadores. En el mismo sentido de reducir derechos de los trabajadores y culpabilizarlos, aprovechando para privatizar lo público, se endurece la "lucha contra el absentismo laboral", dando mayor poder de control a las mutuas patronales, y se pretende que los parados con prestación realicen “trabajo social para la comunidad”, es decir, se les culpabiliza de su situación (cobran del Estado sin hacer nada) y se les utiliza para cubrir servicios públicos que corresponderían al Estado con lo cual el estado se ahorra de contratar trabajadores públicos, siendo esto un ataqué en la línea de flotación de aquél empleo publico y de calidad que convocaba el ESTADO.

Se trata de una reforma laboral que ataca en profundidad conquistas históricas de la clase trabajadora, los verdaderos productores de riqueza y la inmensa mayoría de la sociedad, en beneficio del capital. Y ningún trabajador o trabajadora (activo o parado, indefinido o temporal, del sector público o del privado, autóctono o inmigrante, joven o mayor) escapa a sus efectos, independientemente de la conciencia o el conocimiento que pueda tener sobre ello. Ni que decir tiene, por lo tanto, que tamaña agresión exige una respuesta lo más unitaria, amplia y sostenida en el tiempo que sea posible, si se quiere tener posibilidades reales de echarla abajo. Una agresión que hay que ver, además, como parte de la enorme ofensiva del capital y sus gobiernos contra los derechos también sociales de la mayoría social trabajadora, sobre la que quiere descargar la crisis ocasionada por el capital. A esa tarea debieran volcarse el sindicalismo de clase y alternativo, el activismo sindical y los movimientos sociales comprometidos con los intereses populares. Para el empresariado esta es una REFORMA de jarana, pandereta y ¡OLE!, mientras las colas ante Caritas cada día se van ampliando y se abren mas comedores sociales en los diferentes municipios gobierne quien gobierne.

José María Dominguez

DESMANTELAR EL ESTADO DE BIENESTAR

Dogmas y desigualdad versus debate y justicia fiscal y social.

Comunicado de Attac España

Los nuevos recortes aprobados por el Gobierno de Rajoy dificultarán aún más la salida de la crisis en España. Se trata de medidas que lejos de favorecer la reactivación de la actividad económica, incrementarán las desigualdades aún más al reducir la capacidad adquisitiva de los asalariados y pensionistas sin afectar a los especuladores y grandes magnates del sistema financiero. La tímida reforma fiscal planteada es manifiestamente insuficiente para superar de una manera socialmente justa y equitativa la crisis que estamos padeciendo.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España celebrado el pasado 30 de diciembre de 2011 aprobó un conjunto de “Medidas urgentes de orden económico y social y de corrección del déficit público” que reduce los gastos públicos en casi 9.000 millones de euros y aumenta los ingresos en casi 6.300 millones de euros. En su conjunto se trata de políticas que abrirán todavía más la brecha social, deprimirán aún más la economía y no van a contribuir a crear empleo digno. ATTAC España saca a la luz el presente comunicado sobre el calado de algunas de las medidas aprobadas, señalando sus limitaciones y proponiendo alternativas.

- Lo primero de todo, es abordar una cuestión de fondo nada despreciable en el caso que nos ocupa. Desde ATTAC venimos denunciando la nula voluntad del gobierno anterior y del actual para avanzar hacia un sistema de financiación pública que permita liberar a la ciudadanía de la tiranía de los mercados financieros especulativos. Como el Banco Central Europeo no es sensible a las necesidades de la gente, el gran capital hace su agosto exprimiendo las arcas públicas de los estados prestándoles a tipos de interés de usura. Los intereses de la deuda pública se convierten en un pesado lastre de prioritario pago (según la última reforma constitucional), que se anteponen a los derechos individuales y sociales de las personas. La “pelota” de la deuda y sus intereses sirven de justificación para desmontar y vender lo público, y sobre este asunto no se plantean medidas radicales, sino más sumisión a los mercados especulativos.

- En su comunicado, el Gobierno cita textualmente: “(…) estas medidas responden a la necesidad de afrontar el primer problema de España, que es el paro y que sólo se puede vencer si facilitamos financiación de la economía del país, algo que el déficit público impide”. Se trata, desde nuestro punto de vista, de un planteamiento absolutamente erróneo. Que las familias y las PYMES no tengan financiación no tiene casi nada que ver con el déficit público, y mucho que ver con unas entidades financieras que dedican las multimillonarias ayudas de los Gobiernos a seguir especulando en vez de financiar la economía real. Attac considera escandaloso en este sentido el aval de 100,000 millones de euros ofrecido por el gobierno a los bancos, sin contrapartida o garantía de que se utilicen para promover el crédito a familias y empresas. Ello está relacionado con la negativa de los gobiernos de crear una banca pública que de verdad vele por el interés general y haga llegar la financiación directamente a quien más la necesita, sin intermediarios. Mientras no se recupere una potente banca pública España seguirá sufriendo problemas de financiación en la actividad económica y en el desarrollo de los servicios públicos y en consecuencia el desempleo no remitirá.

- El Gobierno ha aprobado el incremento en un 1 por 100 de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012, lo que sigue siendo absolutamente insuficiente para evitar una mayor pérdida de poder adquisitivo, tras la congelación de 2011 y una tasa de inflación en 2011 que rondará el 2,5%.

- Se recupera la desgravación en el IRPF por adquisición de vivienda habitual en las mismas condiciones que existían hasta el 31 de diciembre de 2010, se establece un IVA superreducido del 4 por 100 para la adquisición de primera vivienda a partir de 2012 y se aumentan los tipos impositivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana cuando su valor se sitúe por encima de la media. Con las dos primeras medidas se mantiene viva la esperanza de una recuperación del mercado inmobiliario, cuya burbuja llevó de cabeza a la actual situación de profunda crisis. Las grandes constructoras, inmobiliarias y entidades financieras están detrás de esta medida, que sigue apostando por animar a un mayor endeudamiento privado de las familias. En su lugar, se olvida la posibilidad de impulsar un amplio parque de vivienda pública y en arrendamiento, absolutamente subdesarrollado en España respecto a otros países de la Unión Europea-15. Además, la medida de aumentar el IBI de Urbana no discrimina entre quienes tienen una única vivienda que constituye su residencia habitual y quienes han especulado en el mercado de la vivienda y acumulado varias de ellas con la finalidad de obtener grandes beneficios en breve plazo. Los impuestos, además de para recaudar, también deberían utilizarse para penalizar conductas antisociales, como es el caso de la especulación con un bien básico como la vivienda. La desgravación que se propone es absolutamente ineficaz para resolver el grave problema social de la vivienda y beneficia una vez más a los promotores de la burbuja inmobiliaria.

- Mantenimiento del sueldo de los funcionarios y tasa de reposición cero de las plantillas. Mantenimiento del Salario Mínimo Interprofesional en 641, 40 euros para 2012. Ambas medidas implican una pérdida de poder adquisitivo para el 10-15% del total de trabajadores/as. Esto tendrá su reflejo en una caída del consumo, y consecuentemente, en un mayor desempleo tanto por la vía del empeoramiento de las expectativas empresariales como por la no reposición de vacantes. También están avisando de la no renovación de contratos a trabajadores del sector público, a los que consideran funcionarios sólo para reducirles el sueldo o eliminarles las pagas extras; ésos irán de cabeza a la calle y los Servicios Públicos se entregarán directamente a los especuladores…

- Se crea un gravamen complementario, temporal (ejercicios 2012 y 2013) y progresivo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la reducción del déficit público. Los porcentajes aplicables oscilan entre el 0’75 por 100 para el primer tramo de la tarifa, el correspondiente a las rentas más bajas, hasta el 7 por 100 para las rentas superiores a 300.000 euros, tramo que se crea nuevo para este gravamen. Sin perjuicio de considerar positiva la progresividad fiscal de esta medida, el peso principal de la misma recaerá sobre las clases medias asalariadas. En su lugar hubiera sido más conveniente haber incrementado sólo el tipo impositivo de los tramos más altos de la base liquidable (digamos por encima de los 53.000 euros), evitando el recargo sobre los inferiores a esta cuantía. Con la actual modificación el tipo marginal máximo del IRPF se sitúa en el 52%, muy por debajo todavía del tipo marginal máximo del 56% que regía en los años 80 del siglo XX, y que sucesivos gobiernos del PSOE y el PP rebajaron hasta el 43%.

- También se establece el gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 por 100 para los rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6 por 100 para rendimientos superiores a 24.000 euros. Se trata de un paso adelante, pero escandalosamente corto, al aumentar la tributación de las rentas de capital, las cuales tienen un tratamiento fiscal especialmente favorable, a pesar de que dichas rentas se concentran en pocos contribuyentes. Pero en este tema, más importante que lo que se propone, es lo que se deja de hacer, ya que se sigue dando oxígeno a la actividad financiera y especulativa del gran capital sin atacar frontalmente el fraude fiscal ni perseguir la utilización de los paraísos fiscales. Las SICAV (Sociedades Anónimas de Inversión de Capital Variable) no se verán afectadas por el aumento del tipo de gravamen propuesto, pese a que la ciudadanía clama desde hace tiempo por su eliminación.

- No hay una sola medida que ataque el mayor cáncer de la sociedad española: la evasión fiscal. Llama la atención que la mayor presión fiscal se aplica sobre todo a los salarios (con una recaudación estimada de 4.111 millones de euros) y no a las rentas de capital (que sólo aportarán 1.246 millones de euros), cuando es en este segundo apartado donde se produce gran parte de la evasión fiscal. Gravar las nóminas de los asalariados es el impuesto más fácil de recaudar para un Gobierno. Es en el impuesto sobre capitales donde se tienen que realizar mayores esfuerzos. El fraude fiscal no se elimina sólo con buenas intenciones, sino que hay que tomar medidas concretas para atajarlo. La limitación de los pagos en efectivo anunciada por el gobierno la víspera de Reyes bien podría ser una de ellas pero habrá que comprobar si se aplica realmente y si es seguida por otras más contundentes. Incluso un gobierno tecnocrático como el del italiano Mario Monti acaba de prohibir las transacciones comerciales con un valor superior a 1.000 euros en metálico para reducir el fraude fiscal.

- Si se quiere aspirar a crear un modelo productivo que no se base solamente en la construcción y el turismo y que apueste por uno de mayor valor añadido, aumentar la inversión en I+D+I es absolutamente imprescindible, lo que es justamente lo contrario de lo que el Gobierno propone: reducir el presupuesto para I+D+I en un país como España, que tiene un retraso considerable respecto a los países de la zona euro, va a suponer el despido de centenares de investigadores del CSIC. Los ingresos necesarios para mantener y ampliar el nivel de inversión en I+D+I podrían venir de impuestos sobre los bienes de lujo y los coches de alta gama.

- A pesar de que los organismos económicos internacionales (UE, FMI) y los gobiernos títeres a los que manipulan nos aseguran que éstas son las únicas políticas posibles, Attac sigue insistiendo en que HAY ALTERNATIVAS para aumentar los ingresos públicos, que ni el actual Gobierno, ni el anterior, se han planteado llevar a cabo. Entre otras podemos citar:

a) Mantener indefinidamente el nuevo Impuesto de Patrimonio que el Gobierno del PSOE resucitó el año pasado sólo para 2011 y 2012, y que anteriormente había suprimido en 2008.

b) Eliminar las exenciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

c) Prohibir totalmente las SICAV y obligar a sus titulares a tributar al 35% por los fondos actualmente acumulados

d) Fijar un impuesto con carácter disuasorio para gravar los movimientos de capital especulativos.

e) Crear un nuevo impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras, que se añada al que Attac ha venido exigiendo desde hace mucho tiempo: el ITF o Impuesto a las Transacciones Financieras

f) Aumentar el tipo del Impuesto de Sociedades que en los últimos años se ha reducido, a pesar de que sólo las empresas con beneficios tributan por el mismo. El tipo impositivo aplicado realmente está muy lejos del 30% teórico. Así lo pusieron de manifiesto los informes de auditoría del último ejercicio liquidado registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por las diez principales empresas españolas por capitalización bursátil. Según los cálculos que hacen las propias compañías en sus memorias, el pago teórico, el que tendrían que realizar al tipo nominal del 30%, roza los 15.300 millones de euros. Pero la cantidad que llegó a Hacienda es mucho menor: 12.242 millones de euros. Ello supone un tipo impositivo del 23,9% sobre el beneficio antes de impuestos, es decir, seis puntos menos que el oficial, lo que equivale a más de 3.000 millones de merma. Todo ello, tras aplicar deducciones, reducciones, créditos fiscales y otras figuras para rebajar el pago de impuestos.

EL GRAN ERROR DE LA SOCIALDEMOCRACIA

Este artículo cuestiona la percepción, ampliamente generalizada en sectores de la socialdemocracia española, de que el gobierno Schroeder realizó políticas que, a pesar de su impopularidad, las llevó a cabo para modernizar a Alemania. De esta manera se considera que el Presidente Zapatero sacrificó su gobierno y el partido socialista para salvar a España. El artículo señala que, en realidad, Schroeder sembró las bases para la crisis actual y el gobierno Zapatero no resolvió el problema grave que tiene España.

En círculos próximos al gobierno Zapatero se ha intentado presentar al Presidente Zapatero como el político que “se sacrificó para salvar a España”, comparándolo con el canciller Schröder de Alemania que, aunque era consciente de que iba a antagonizar a sus bases electorales con sus políticas de claro corte neoliberal, tiró adelante con ellas, pues creyó que con ello salvaba a Alemania de la situación de estancamiento económico en que se encontraba. Retrospectivamente parecería que los defensores de tales políticas llevan razón en el enjuiciamiento de la figura de Schröder como “el salvador de Alemania”. Este país parece ser el único en la Eurozona que no tiene problemas con su deuda pública: los intereses de su deuda son los más bajos y estables de la Eurozona. Y la inflación y el desempleo son los más bajos de tal comunidad monetaria. Parecería, pues, que los mercados financieros tienen plena confianza hacia el Estado alemán que, con su rigor y disciplina, se ha convertido en el modelo y punto de referencia de los otros países de la Eurozona. Hasta aquí la percepción ampliamente promovida por los medios de mayor difusión que tienden a ser de sensibilidad neoliberal. Veamos ahora los datos.

Pero antes, es importante conocer el debate que hubo entre el presidente del gobierno socialdemócrata, el canciller Schröder y su ministro de Economía, Oskar Lafontaine, un debate de gran relevancia no sólo para Alemania, sino para el resto de la Eurozona y la Unión Europea (UE). Schröder dio toda prioridad en su política económica a estimular la economía a base de acentuar las exportaciones, lo cual significó una gran concentración de euros en Alemania, que se emplearon en comprar deuda pública de los países PIIGS y también en prestarlo a las bancas privadas de tales países (Grecia, Portugal, Irlanda e Italia), la suma de cuyos déficits comerciales es igual al superávit de Alemania.

Esta gran acumulación de euros la consiguió Schröder a base de reducir el porcentaje del valor producido (por la elevada productividad) que iba al mundo del trabajo, a costa de aumentar el porcentaje que iba al capital (es decir, al mundo empresarial de la banca y de las empresas exportadoras). Una condición para que Schröder pudiera conseguir esta situación fue el debilitamiento del mundo del trabajo, consecuencia de la aplicación de las medidas neoliberales del canciller Schröder (tal como también ha estado haciendo el gobierno Zapatero y que, sin ninguna duda, continuará haciendo el gobierno Rajoy). Un resultado de ello es que en Alemania se han perdido 2.1 millones de empleos a tiempo completo, siendo sustituidos por 1.1 nuevos puestos a tiempo parcial, medio millón de autónomos y otro medio millón de trabajos temporales. Es cierto que el desempleo es relativamente bajo, 7,1% (en comparación con el promedio de la UE-15) pero ello no se debe a las reformas de Schröder, sino al sistema de cogestión (en el que los trabajadores en las empresas participan en la gestión de las empresas) que facilita la retención de puestos de trabajo a base de reducir las horas de trabajo, transformando trabajo a pleno empleo en trabajo parcial o temporal. Resultado del debilitamiento del mundo del trabajo se ha conseguido reducir los salarios y la protección social. Alemania ni tiene salario mínimo y millones de alemanes tienen salarios de 400 euros al mes, la solución propuesta por la gran patronal española. El porcentaje de trabajadores pobres creció de un 15% en 1998 a un 22% en 2005.

No existe plena conciencia en los círculos mediáticos y políticos de la Unión Europea lo erróneo que es definir el modelo alemán, basado en las exportaciones, como modélico. El politólogo y economista alemán Fabian Linder ha escrito extensamente señalando el escaso éxito de tal modelo (ver “Following Germany’s Lead to Economic Disaster”). El crecimiento económico alemán ha sido muy bajo y lento, debido a una escasa demanda doméstica, resultado del descenso muy notable de los salarios reales ocurrido como consecuencia de las medidas llevadas a cabo por Schröder y continuadas por Angela Merkel.

Schröder ganó aquel debate y Lafontaine perdió y, con él, la clase trabajadora alemana y las clases populares de los países de la UE. Lafontaine quiso basar el estímulo económico de Alemania en el crecimiento de la demanda doméstica, redistribuyendo el crecimiento del producto (producido por la elevada productividad) en dirección de los trabajadores. Con ello las importaciones habrían aumentado y las exportaciones habrían descendido, estimulando así las economías de los otros países de la Eurozona. En su lugar, el modelo Schröder, continuado con Merkel, quiere exportarse a todos los países, lo cual es imposible, pues la disminución de la demanda doméstica de todos los países está conduciendo a la Gran Recesión y Depresión, incluida Alemania.

En realidad, lo que estamos viendo es una alianza de clases entre la banca (y la gran patronal) en España y la de los países periféricos, en contra de los intereses de las clases populares alemanas y las de los otros países. Es, como bien ha dicho Jeff Faux, fundador de Economic Policy Institute, de Washington D.C., “la exitosa lucha de clases a nivel internacional”. Y ahí está el problema. El diseño del euro y de la Eurozona estaba orientado para que ocurriera lo que está ocurriendo. Al impedírsele a un país que pudiera devaluar su moneda, éste se vio en la necesidad de devaluar sus salarios y debilitar su protección social. Éstas eran las dos alternativas que siempre se presentaban como las dos únicas posibles. Pero hay otra, y es la respuesta colectiva a base de estimular la economía mediante políticas expansivas, tanto de subidas de salarios como de aumento del gasto público, mejorando la infraestructura física y social del país, tal como ocurrió con el New Deal en EEUU y con el Plan Marshall En Europa después de la II Guerra Mundial, y tal como también proponía Oskar Lafontaine para Alemania y para la Unión Europea. El hecho de que este último perdiera en aquel conflicto fue una gran oportunidad perdida para Alemania y para todos. Y algo semejante ha ocurrido con el gobierno Zapatero. Sería de desear que el PSOE en su necesaria autocrítica del gobierno Zapatero fuera consciente de ello. Ni que decir tiene que tal gobierno hizo reformas positivas y algunas de ellas muy positivas. Pero, su talón de Aquiles fue su política económica que fue de clara orientación neoliberal y que debiera cambiarse profundamente, con un cambio de personal que dudo que se realice. Hasta ahora no ha ningún asomo de crítica de tales políticas.

Vicenç Navarro- ATTAC

SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

Muchas son las cosas que se pueden decir acerca de la reforma constitucional aprobada de una manera sorpresiva, y a toda prisa, en el Congreso de los diputados. Debo decir que la primera impresión que recibí se produjo, a orillas del Cantábrico, en la magnífica Playa de San Lorenzo en mi querida Gijón. Al principio quedé sorprendido y desconcertado, perplejo, como muchos otros españoles, ya que ponía en cuestión un tópico, comúnmente aceptado, que afirmaba que no era conveniente revisar la Constitución del 78, a no ser que fuera posible alcanzar un acuerdo semejante al que se produjo en 1.978. Esta era la razón que esgrimían unos y otros para aparcar, hasta mejor ocasión, la reforma de la ley electoral. Y de pronto, sorpresivamente, cuando estábamos al final de la legislatura, se decide proponer, nada más y nada menos, que una reforma de la Constitución.

El hecho es que tengo asociado todo este ruido mediático y político a lo ocurrido la semana anterior. El Presidente del Gobierno realiza su propuesta a las Cortes el 23 de agosto. Estamos a martes. El domingo anterior ha abandonado España Benedicto XVI. Con motivo de su visita se suceden los análisis y comentarios acerca del carácter de nuestro Estado: vuelve la discusión acerca de si estamos ante un Estado aconfesional o ante un Estado laico, a la distinción entre laicidad y laicismo, y al cambio del papel de la religión en estos años. Entre todos los análisis publicados me llama la atención un artículo de Enric Juliana en el periódico La Vanguardia donde recuerda la sorpresa del cardenal Tarancón ante la reacción del nuevo pontífice tras su elección. Cuando Tarancón esperaba una continuidad con la línea de Pablo VI se encuentra con la áspera reprimenda de Juan Pablo II; éste le reprocha no haberse opuesto a una Constitución “atea” y le recrimina no haber sido capaz de articular el catolicismo español en torno a una fuerza política propia. Tarancon pensaba que el tiempo de la Democracia cristiana había concluido y que el pluralismo político de los católicos era una conquista que no se podía olvidar, para él era uno de los signos de madurez del catolicismo español. Pensaba también que era imprescindible llegar a un acuerdo para evitar la reproducción de las dos Españas. Ninguna de las dos cosas parece que satisfizo al nuevo Papa.

Todo lo ocurrido desde aquel final de los setenta hace que sean muchos los que se pregunten: ¿hubiera sido posible la transición con el catolicismo actual? Es una pregunta que está ahí y que nos hace pensar, volviendo a nuestro tema, en qué medida hubiera sido posible la Constitución del 78 con una filosofía económica como la que hoy impera en el mundo occidental. ¿Hubiera sido posible el consenso constitucional con el neoconservadurismo?; ¿ hubiera sido factible con el neoliberalismo hoy dominante?

Muchos aprobamos la Constitución no porque pensáramos que la Monarquía parlamentaria sea una fórmula mejor que la República democrática o porque considerásemos que el Estado aconfesional era preferible a un Estado laico, tampoco porque creyésemos que el Estado de las autonomías era preferible a un Estado federal. Pensábamos entonces y seguimos pensando hoy que el republicanismo, el laicismo y el federalismo son fórmulas preferibles pero apoyamos la Constitución porque había que buscar una forma de acuerdo, de transacción, de consenso entre nuestras propuestas y las posiciones de una derecha que venía del franquismo y había apoyado durante muchos años el confesionalismo, el centralismo y la monarquía tradicional.

Apoyamos la Constitución porque había que llegar a un acuerdo para salir de la dictadura y porque en la Constitución se reconocían los derechos cívicos y los derechos económico-sociales. Se recogían derechos que asumían lo mejor del liberalismo y derechos que abonaban la existencia de un Estado social y democrático de derecho. No éramos muy originales porque tratábamos de reproducir el modelo social europeo y el Estado del bienestar keynesiano: ¿hubiera sido posible el consenso constituyente sin ratificar ese modelo?

Creo que no y, sin embargo, son muchos los que piensan que lo ocurrido no tiene importancia. Unos afirman que estamos ante un problema puramente técnico; los hay que consideran que no hay de que sorprenderse porque estamos ante la confirmación de una Constitución sesgada desde el principio hacia la derecha, fruto de una transición con más sombras que luces; por ultimo, también están los que apoyaron la Constitución del 78 pero consideran que ha quedado sobrepasada por la configuración del modelo europeo en la actualidad.

Me parece que analizar algunas de estas reacciones ayuda a comprender por qué ante una decisión tan relevante no se ha producido la reacción popular que podríamos haber esperado. Que las personas vinculadas a un pensamiento neoliberal no hayan reaccionado negativamente es comprensible: sus tesis estaban siendo legitimadas, reconocidas, constitucionalizadas. No querían echar las campanas al vuelo porque lo importante era reconocer que, ¡por fin! se ponía a la política en su sitio: para los neoliberales los políticos no son gentes de fiar, siempre prestos a prometer más de lo que pueden dar, dispuestos a ser generosos con el dinero de todos, y esclavos de los compromisos electorales. Sólo cuando el mercado triunfe sobre la democracia habrá progreso en la sociedad.

Para los progresistas social-liberales la filosofía neoliberal es demasiado dura pero no encuentran manera de marcar una diferencia entre la derecha y la izquierda en el campo económico. Hay que salvar el euro como sea, realizando cualquier tipo de sacrificio, y asumir el principio de la estabilidad presupuestaria puede ser un buen camino para lograr la supervivencia de la moneda común.

Esquemáticamente estas dos son las posiciones que imperan en las dos grandes formaciones políticas pero al asumir esta reforma dejan fuera del consenso a sectores de izquierda que siguen apostando por mantener el Estado del bienestar y por una política económica alternativa. Entre estos sectores están de una manera muy señalada los sindicatos y los partidos a la izquierda del PSOE. Por ello en este final de la legislatura, asistimos a una paradoja: el político que había sido acusado de romper el pacto constitucional, de cambiar de sujeto constituyente al pretender la aprobación del Estatuto de Cataluña sin el apoyo del partido popular percibe, al final de la legislatura, cómo sus antiguos aliados se oponen a la reforma constitucional y su gran adversario la abona.

Entre los que se oponen hay distintas posiciones que sólo el futuro dirá que camino tomarán. Los que se oponen al cambio constitucional, desde una postura de apoyo a la Constitución del 78 son vistos, en ocasiones, con una cierta mirada conmiserativa por todos aquellos sectores de izquierda que abjuran radicalmente de la transición española y del actual modelo europeo. Los que apoyaron la Constitución del 78 y sienten que ese espíritu ha sido traicionado, como les ocurre a los sindicatos, deben oponer su propia lectura de la transición. La Constitución española tuvo luces y sombras pero, no hay duda, a mi juicio, que entre las luces estaba asumir principios muy importantes del modelo keynesiano que hoy son puestos en cuestión. La cuestión es si esos principios tienen posibilidad de sobrevivir en el contexto de la actual globalización.

Esa es la gran interrogante de cara al futuro. Un futuro en el que cada vez es más necesario realizar un debate sobre las ventajas y los inconvenientes del proceso de integración europea. Un debate que está pendiente en España. Europa es hoy para nosotros una solución a nuestros problemas pero es también un problema cada vez mayor. Es este fenómeno el que está detrás de la perplejidad que suscita este debate; una perplejidad que he podido detectar en muchos ambientes, entre personas que razonan diciendo: “Hombre si todo el modelo europeo está puesto en cuestión, si Europa está al borde del precipicio, si estamos ante la crisis más grave en los últimos ochenta años, no pensarás que debamos conmovernos por modificar un artículo de la Constitución de 1.978”

Al escuchar este razonamiento, al ver como lo desarrollaban personas a la vez profundamente conmovidas por la movilización de los profesores en defensa de la Escuela pública he pensado que sólo realizando una interpretación de todo lo ocurrido en todos estos años podremos tener futuro. Esto afecta a todos y especialmente a los sindicatos. Los sindicatos deben intentar articular un relato propio acerca de las luces y las sombras de la transición y de la Constitución del 78. Un relato que sea alternativo al hoy dominante, al que reduce todo a un juego de grandes personalidades (el monarca, Suarez, Tarancón, Carrillo, Felipe González, Fraga, Pujol) en el que aparecen siempre, muy en segundo lugar, los líderes sindicales, la aportación del movimiento obrero, sus experiencias de lucha, las razones por las que apoyaron la Constitución del 78. Al no estar dispuestos a desarrollar ese relato frente a las corrientes hoy dominantes corremos el peligro de quedar subsumidos entre dos universos: los que consideran que no ha pasado nada y los que piensan que ha pasado lo que tenía que pasar, que ya estaba todo escrito desde los pactos de la transición a la inserción en la Europa actual.

¿Por qué no operamos, en sentido contrario, y decimos que el no a la actual reforma constitucional se basa en el sí crítico a lo mejor del espíritu de la transición?

(*) Antonio García Santesmases es catedrático de Filosofía Política de la UNED.

IS Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL

DIPUTADOS DE IZQUIERDA SOCIALISTA NO DESCARTAN FIRMAR LA PETICIÓN DE REFERÉNDUM PORQUE ES "MÁS DEMOCRÁTICO"

Si no se hace, aconsejan a Rubalcaba olvidarse de su 'escaño 351'

Reiteran su rechazo a la reforma aunque se hayan "salvado los muebles" no incluyendo las cifras de déficit en la Constitución

Izquierda Socialista, la única corriente interna del PSOE, no descarta que sus diputados con escaño en el Congreso apoyen con su firma la petición de que la reforma de la Constitución pactada entre PSOE y PP se someta a referéndum como quieren promover formaciones minoritarias si su partido veta esta posibilidad.

Así lo ha adelantado a Europa Press el portavoz de Izquierda Socialista y diputado por Madrid Juan Antonio Barrio de Penagos, quien ha querido dejar claro que antes de tomar una decisión sobre este tema centrarán sus esfuerzos en intentar convencer a su partido de la conveniencia de convocar una consulta sobre la revisión constitucional.

"Convocar un referéndum sería más democrático", ha sentenciado Barrio en contra del criterio expresado por el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha recordado que un cambio en el artículo 135 de la Constitución no requiere este tipo de consulta.

LO PLANTEARÁN EN EL GRUPO SOCIALISTA

De hecho, el también miembro de Izquierda Socialista y diputado por Madrid, Manuel de la Rocha, ha avanzado que planteará formalmente la oportunidad de celebrar un referéndum en la reunión que el Grupo Socialista ha convocado para debatir sobre la reforma el próximo lunes, la víspera de su toma en consideración por el Pleno del Congreso.

Aún admitiendo que es "jurídicamente posible" aprobar la reforma sin referéndum, ha recalcado que "políticamente sería muy importante" someterlo a las urnas. "Rubalcaba debería apoyar la propuesta de referéndum que han hecho los sindicatos así, volver a enlazar tambiçen con el movimiento 15-M, del que dijo que quería que fueran la voz de los ciudadanos en el escaño 351 del Congreso", ha sugerido.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado por Granada y miembro de la corriente José Antonio Pérez Tapias, que lleva varios días defendiendo un referéndum a través de su cuenta de Twitter. "Si Rubalcaba quiere seguir hablando de escaño 351 debe apoyar referéndum para reforma CE. De lo contrario, habrá de abandonar ese tema", ha avisado. También ha lamentado que se tenga "temor a dar la palabra a la ciudadanía". "¿No confiamos en su madurez política? ¿O no confiamos en nuestras razones?", se ha preguntado.

Aunque los tres se han congratulado de que la dirección del Grupo Socialista haya accedido a reunir a sus miembros para discutir un asunto de tanto calado y también de que finalmente las cifras concretas sobre el límite de déficit y deuda no se vayan a plasmar en la Carta Magna, siguen rechazando el fondo de la reforma.

"Eso es positivo, se han salvado los muebles", ha comentado Barrio, incidiendo en que era "descabellado" e "ilógico" incluir cantidades concretas en la Constitución, un texto que contiene "principios generales" y que sólo puede ser reformado por consenso entre PSOE y PP.

NO AL FONDO Y A LAS PRISAS

Para De la Rocha, "la intervención de Rubalcaba ha permitido que no se incluyan cifras en la Carta Magna", pero aún así el texto acordado es "muy negativo" porque sí introduce en la ley de leyes "un principio económico neoliberal de forma absolutamente injustificada".

Además, Izquierda Socialista ha vuelto a denunciar la premura con la que se va a llevar a cabo y continúa defendiendo que antes de adoptar una decisión era oportuno abrir un debate "amplio" entre las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto.

"Eso implicaba haberlo dejado para la siguiente legislatura", explica Barrio. "Una reforma de este calado no debe hacerse en ocho días a finales de agosto a toda velocidad", ha reiterado Manuel De la Rocha.

Europa Press. 26 de agosto de 2011