domingo, 2 de diciembre de 2012

DECLARACIONES DE JUAN ANTONIO DEL BARRIO (Portavoz Federal de IS)

“El PSOE o acaba como el PASOK griego o retoma la senda de la izquierda y busca el entendimiento con el resto de la izquierda”




Dijo que en las filas socialistas se tiene que abandonar la idea de que las únicas siglas buenas y válidas para defender posturas de izquierdas son las del PSOE. 

Audio de la entrevista
  
SB-Noticias.- Juan Antonio Barrio de Penagos, portavoz federal de Izquierda Socialista (IS), corriente de opinión del PSOE, reflexionó en La Trapera de Radio San Borondón el papel que está jugando su partido en estos momentos en los que parece no comprender que el divorcio con la ciudadanía es debido al abandono de las tesis de izquierdas y dijo que se está andando un camino paralelo al PASOK en Grecia al que la gente de izquierdas no mira como tal y por tanto no vota.

Juan Antonio Barrio dijo que el PSOE tiene que volver a convertirse en referente de la izquierda sin dar la espalda a otras formaciones de este ámbito, siendo la unidad de las formaciones de izquierdas un hecho fundamental, al más puro ejemplo de lo ocurrido en Grecia en torno a Syriza y al respecto señaló que hay dos experiencias claras, por ejemplo Syriza (Grecia), con su líder Alexis Tsipras al frente, ha estado apoyando a Izquierda Unida y Xosé Manuel Beigas en las pasadas elecciones de Galicia, ha estado con Joan Herrera (ICV-EUiA) en las elecciones catalanas, lugares en los que ha habido avances claros de esas posiciones.

En este sentido, dijo que la dinámica de los hechos es clara o el PSOE acaba como el PASOK griego, una situación que se puede corregir porque ese camino ya ha sido andado por la formación griega y de ellos se puede aprender, o se retoma la senda de la izquierda y se busca el camino del entendimiento con el resto de la izquierda.

Aclara el dirigente de IS que eso no quiere decir que el PSOE o el PSC abdiquen de su papel de luchar en primera línea y tratar de ser la primera fuerza de la izquierda, manteniendo un lugar preponderante, pero no menos cierto es que el partido tiene que recuperar una senda de humildad y darse cuenta de que esta realidad existe.

Como ejemplo de lo que habla indica el papel de Joan Herrera (ICV), quien ha mejorado tres escaños en las elecciones catalanas desde la humildad y el trabajo cercano a los ciudadanos y sin desviarse ni un ápice de sus reivindicaciones a lo largo de la legislatura, ni de sus críticas a los recortes, ni de sus proclamas para acabar con las desigualdades sociales y los desahucios, posturas totalmente coherentes y correctas en una formación y en un líder de izquierdas, luego esa estrategia claramente de izquierdas tendría que ser aceptada en esa comunidad por el conjunto de la izquierda con independencia de quien sea quien la proponga.

Barrio de Penagos dijo que en las filas socialistas se tiene que abandonar la idea de que las únicas siglas buenas y válidas para defender posturas de izquierdas son las del PSOE y se debe igualmente empezar un movimiento de unidad y para ello se tiene que hacer una profunda transformación del partido desde la base porque en definitiva no se trata de la casa común, sino de la causa común.

sábado, 3 de noviembre de 2012

AUTOCRÍTICA


 Ciertamente, fue un error la reforma de la Constitución, modificando su artículo 135 para en él introducir el objetivo del límite de déficit en las cuentas públicas y, lo más grave, el compromiso de atender por parte de las administraciones a las obligaciones del pago de la deuda de forma absolutamente prioritaria –así quedó expresamente establecido-. De enorme desacierto lo calificamos en su día los cuatro diputados del Grupo Parlamentario Socialista que en la pasada Legislatura no votamos a favor de esa reforma promovida por el gobierno del PSOE que apoyábamos. También nos manifestamos contra el “procedimiento exprés” que se empleó. Ante una cuestión crucial, actuamos en consecuencia al no estar de acuerdo con dicha reforma ni por la forma ni por el contenido, ya que no sólo no frenaría la especulación financiera, sino que además iba a suponer una tremenda cuña neoliberal en el texto constitucional. Se abría paso la sacralización del déficit cero y una peligrosa absolutización del pago de la deuda que acabaría atentando contra las políticas públicas del Estado social. Los brutales recortes padecidos por la ciudadanía, cuando nuestro país está metido en el infernal círculo de la deuda, lo confirman. 


   Quienes actuamos como se acaba de narrar no podemos más que dar por buenas las recientes declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía reconociendo lo erróneo de aquella reforma. Con ello, el también secretario general de los socialistas andaluces y presidente del PSOE ha dado un paso importante hacia la autocrítica de una formación política que ha de hacer balance de su trayectoria teniendo que afrontar una pérdida incontenible de votos y un fuerte deterioro de su credibilidad. Lo que cabe añadir es que la autocrítica no puede quedarse en gesto puntual, en la superficie de unos hechos que requieren análisis en profundidad. De poco sirven peticiones de perdón cuando lo que procede es neutralizar las consecuencias de lo criticado y poner los medios para recomponer las cosas tras el cambio que con tan mala fortuna se hizo.

   A la obligada autocrítica habrá que aplicar lo que decía Marx de la imprescindible crítica: hágase “sin contemplaciones”, de manera que “no se asuste ni de sus consecuencias ni de entrar en conflicto con los poderes establecidos”. Hacer autocrítica implica también en este caso colisionar con poderes económicos bendecidos por la ideología neoliberal de la que se ha visto contaminado un PSOE escaso de resistencia frente el capitalismo financiero. Pero también frente a poderes de andar por casa, mas con mucho potencial de corrosión –por corrupción- de la credibilidad ante la ciudadanía. La autocrítica debe llegar asimismo al hecho de no asumir como se hubieran debido las responsabilidades políticas ante el caso de los EREs. También lo dijimos en su día. 


Jose Antonio Pérez Tapias

JJo

miércoles, 18 de julio de 2012

GOLPE DE ESTADO


No obstante, es sabido que las imposiciones de Bruselas a este respecto incluyen la aceleración de la entrada en vigor del retraso en la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, aprobada durante la legislatura del gobierno de Zapatero. En principio, según la última reforma de pensiones, la edad de jubilación empezará a retrasarse de manera progresiva a partir del 1 de enero de 2013, pero los 67 años no entrarían en vigor hasta 2027. Rajoy tiene intención de acelerar el proceso, y que la edad de jubilación quede definitivamente fijada en los 67 años mucho antes, sin que todavía se conozca la fecha concreta en que la nueva reforma de Rajoy la establezca. Algunas voces cercanas al gobierno, como el diario ABC, han publicado incluso que el gobierno baraja la posibilidad, caso de que los actuales recortes no den los resultados esperados, de aumentar la edad de jubilación hasta los 70 años.

Nuestra querida España, si nadie lo remedia, camina inexorablemente a una quiebra de deuda soberana. Las medidas adoptadas ese día, además de ser ineficientes desde un punto de vista económico, reavivan una brutal lucha de clases en nuestro país. De un lado, los protegidos, que no son otros que los acreedores que tomaron riesgos excesivos, la élite bancaria insolvente, y la clase empresarial que siempre ha jugado con las cartas marcadas. De otro, los perdedores, la ciudadanía en su conjunto, representada por los trabajadores, los emprendedores y los empresarios industriales. Rescate bancario a costa de los contribuyentes El problema de la economía española es el endeudamiento privado, que no se va a poder pagar, y, como corolario, la insolvencia de nuestro sistema bancario. La deuda de las familias, empresas y entidades financieras supera el 325% del PIB, y el precio del colateral que soportaba la mayor parte de la misma se ha desplomando. La banca española, que de manera irresponsable concedió dicha deuda, es insolvente. Por lo tanto, la condición necesaria para una recuperación económica de nuestro país pasaba por el saneamiento de nuestro sistema bancario y una restructuración de la deuda privada. Había distintas opciones, y el ejecutivo del PP ha optado por la peor posible, ¡que paguen los contribuyentes!

Además de subir los impuestos, Se hace una alusión a mis compatriotas los parados, una palabra que viene de patriota, una palabra que tanto manosean haciendo de ella su estandarte pero que acaba prostituida y vacía. Y hace alusión a estos compatriotas, bajándoles el subsidio de desempleo, eso si según usted lo hace por su bien, para estimular sus ganas de encontrar trabajo. El PP y su presidente es como un mal maestro, que además de castigarlos los humilla, se ha puesto en la teoría de la CEOE y la de las “cavernas” mediáticas, de que los parados no buscan trabajo, y que lo han de buscar como si en Laponia.

Seguramente Todos Uds. no habrá tenido que estar nunca en el paro ya que lleva mas de 30 años en la política, vamos casi toda su vida laboral, así que no tendrá seguramente que ver como le quitan su casa, como sus niños pasan hambre y no será alguno de esos parados que se ha llegado a suicidar aquí en España, si.. si.. en el país que usted gobierna y que ahora seguramente con su “tratamiento” de estimulo de recortar un 10% sus prestaciones indudablemente lo arreglara, y seguramente el siguiente que muera no lo tendrá en su conciencia. Y sobre todo esto es un golpe de estado a la Constitución Española, articulo primero “1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”, Tanto defender la Constitución y ahora dan un golpe de estado contra la misma, que se os ve el plumero, si se celebrasen ahora elecciones no sacaríais ni el techo de Alianza Popular, el pueblo español no es tonto y ahora sabe con quien se la juegas.
José Mª Dominguez Rodriguez,  IS Benicarló

domingo, 8 de julio de 2012

OTRO SISTEMA BANCARIO ES POSIBLE





Estoy escribiendo este prólogo en un momento de gran tensión en España, resultado de las políticas públicas impuestas por el gobierno del Partido Popular que suponen el ataque más frontal a las clases populares que se haya producido en España durante el periodo democrático (1978-2012). Y utilizo deliberadamente la expresión impuestas porque ninguna de estas medidas fue anunciada en el programa electoral del Partido Popular durante la reciente contienda electoral a las Cortes Españolas. Es importante, desde el punto de vista de la legitimidad del sistema democrático, subrayar y denunciar que el gobierno dirigido por el Sr. Rajoy no tiene un mandato popular para realizar tales políticas. Tales políticas son legales, pero no son legítimas, ni siguen la ética que debiera seguirse en una cultura democrática, como bien dijo el Arzobispo de Canterbury, Dr. Rowan Williams, en su denuncia de los recortes de gasto público realizados por el gobierno conservador liberal dirigido por David Cameron en Gran Bretaña, recortes que hizo casi al día siguiente de salir elegido, sin que en su programa electoral hubiera ningún indicador de que llevaría a cabo tales recortes. Una situación semejante ha estado ocurriendo en España con el gobierno Rajoy. Casi al día siguiente de ser elegido, el gobierno Rajoy se ha embarcado en la realización de las políticas más radicales y agresivas (tal como las definió recientemente el Ministro de Economía, Luis de Guindos) en contra de la clase trabajadora y amplios sectores de las clases medias, centrando sus políticas públicas en reducir los salarios y la protección social.
El argumento constante que se transmite en los centros donde se reproduce la sabiduría convencional es que la recesión en España la originó la falta de disciplina fiscal. Tal aseveración se hace con toda contundencia, ignorando un hecho que muestra la falsedad de tal supuesto: cuando la crisis se inició en España, el Estado estaba en superávit (siendo España el “modelo de comportamiento fiscal” el estudiante avanzado y predilecto del establishment europeo neoliberal). Otro argumento que se utiliza para explicar la recesión es la supuesta “exuberancia salarial”, desconociendo y/o ocultando los datos que muestran que los salarios horarios están entre los más bajos de la UE-15, y ello a pesar de que el crecimiento de la productividad en los últimos diez años ha sido comparable al crecimiento de la productividad alemana.
La escasa diversidad ideológica permitida y existente en los mayores medios de información españoles explica que tales argumentos, por muy débiles que sean, se promuevan con plena inmunidad, ajenos a la crítica, habiendo alcanzado dimensiones de dogma en los círculos financieros, económicos, mediáticos y políticos del país.
La intensidad del mensaje tiene como objeto convencer a la ciudadanía que no hay otras alternativas a las que se están imponiendo: bajar salarios y recortar la protección social. Como parte de esta estrategia, se está también ocultando la causa real de las crisis actuales, que son tres, la crisis económica, la crisis financiera y la crisis democrática, crisis que tienen un elemento en común, el enorme poder que el capital financiero y el mundo de las grandes empresas tienen sobre el Estado español y sobre las instituciones europeas que dominan la vida económica, mediática y política de la Unión Europea (el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo). En realidad, la causa real de las tres crisis es el enorme descenso de las rentas del trabajo que ha estado ocurriendo en toda la Unión Europea (y, muy en particular, en España), causa del enorme endeudamiento de las poblaciones. El crecimiento desbordado del capital financiero está basado en el empobrecimiento de las familias que han tenido que endeudarse más y más para poder mantener su demanda, demanda que ha ido disminuyendo como resultado también de la enorme crisis del crédito, consecuencia del colapso de la banca. Ha sido este descenso de la demanda, consecuencia del descenso de las rentas del trabajo, la mayor causa de la crisis económica y de la recesión.
Pero fue el crecimiento de las rentas del capital y su concentración lo que creó las bases para la crisis financiera. La falta de rentabilidad de la economía productiva (causada por el descenso de la demanda) explica la enorme inversión especulativa que disparó el tamaño del sector financiero (previamente desregulado) y su colapso final, salvado por una intervención pública que, mostrando el enorme poder que la banca tiene, se hizo con el único objetivo de garantizar su pervivencia y rentabilidad, sin ningún cambio o requisito de cambio en su comportamiento especulativo como condición de esta ayuda pública. Tal gasto público en la banca, sin conseguir nada a cambio, indignó a la población. Esta desfachatez, que ha mostrado la instrumentalización del poder político por parte de la banca, es la causa de la enorme pérdida de legitimidad de los sistemas democráticos, particularmente acentuado en España donde, resultado de una transición inmodélica de la dictadura a la democracia, existe  hoy una democracia ya en sí muy limitada. El Estado español siempre –durante la dictadura y durante el periodo democrático- ha estado al servicio del capital financiero. La evidencia de ello es robusta y contundente. La banca es el centro del poder financiero y económico y su peso en los medios de información y en la vida política del país es enorme, mermando espectacularmente la calidad de nuestra democracia.
De ahí la enorme utilidad de este libro. Patrocinado por Attac (una de las organizaciones que sistemáticamente presenta estudios rigurosos que analizan críticamente la sabiduría convencional de claro corte neoliberal), este volumen describe la situación del capital financiero presentando, además, alternativas. El libro es de gran utilidad para  España, pues el texto analiza, punto por punto, la realidad de la banca, y desmonta el tinglado ideológico que el sistema financiero ha ido construyendo, mostrando el error y/o falsedad de sus supuestos. Y presenta clara evidencia de que la salud de la economía española y la calidad y bienestar de la población requieren un sistema financiero distinto al actual y al servicio de la ciudadanía, en lugar de la situación actual, basada en el beneficio y la especulación. Ello requerirá, como bien demuestran los autores, una intervención pública, incluyendo el establecimiento de bancas públicas que, como ha ocurrido en nuestro país en el pasado, y así ocurre en otros países, puedan ofrecer mayores garantías a los ciudadanos y medianas y pequeñas empresas, erradicando la especulación en el sistema existente hoy. Este libro será la pesadilla de la banca, pues muestra con toda claridad que otro sistema bancario es posible, denunciando el sistema actual por ser un sistema que beneficia a muy pocos a costa de la mayoría de la población.
Vicenç Navarro, Prólogo a Banca Pública, Icaria

lunes, 19 de marzo de 2012

DEMOCRACIA Y PRIVILEGIOS

Ante la convocatoria de la próxima huelga general se ha suscitado un debate acerca del lugar de los sindicatos en nuestra sociedad, un debate, sin duda, importante pero que amenaza con velar el auténtico problema de fondo: el modelo social que configura la reforma laboral que propone el gobierno. Por ello propongo al lector deslindar, desde el principio, los dos temas. Una cosa es la función de los sindicatos y otra la importancia del Derecho del trabajo a la hora de conformar una sociedad democrática.
Comencemos con el primer asunto. Los sindicatos convocan una huelga general que ni es la primera ni será la última. Una huelga general que tiene, sin embargo, unas características especiales. La huelga general del 14 de diciembre de 1988 se realizó en plena hegemonía del socialismo y marcó la ruptura dentro de la entonces llamada familia socialista, una ruptura que marcaría para siempre las relaciones personales entre Felipe González y Nicolás Redondo. Estábamos en una época en la que el Partido Popular estaba bajo mínimos y en la cual, muchos medios conservadores, atribuían al sindicalismo el papel de auténtica oposición ya que era capaz de recoger las demandas de la calle, olvidadas por la soberbia económica y política de una elite político-económica dispuesta a ser débil con los fuertes y fuerte con los débiles.

Aquélla fue la huelga más relevante de los años de gobierno de Felipe González, una huelga que se saldó, tras una negociación posterior, con un gran éxito para los sindicatos; habían logrado parar el país, habían conmocionado a la opinión pública y fueron capaces de recoger el sentido de aquellas movilizaciones en un conjunto de conquistas para trabajadores, funcionarios y pensionistas.

Todo el que recuerda estos hechos se asombra cuando escucha que las huelgas no tienen ninguna repercusión positiva, son inútiles, son ineficaces y no conducen a nada. Por recordar otra huelga con éxito no hay sino que pensar en lo ocurrido con el gobierno de Jose María Aznar y el destino que tuvieron los ministros Aparicio y Cabanillas tras el éxito de los sindicatos en la primavera del 2002.

Es igualmente cierto, sin embargo, que hay momentos en que las huelgas no cambian los designios de los gobiernos. Pensemos en la huelga contra la reforma laboral de enero del 94 o en la huelga del 29 de septiembre del 2010. Se fueron aprobando reformas laborales que nos han llevado a la situación actual. La situación se puede resumir en algo que los sociólogos nos llevan advirtiendo durante años: no estamos asistiendo a un aburguesamiento del proletariado, estamos ante una proletarización de sectores importantes de las clases medias. Este es el quid de la cuestión.
Estamos ante un asunto de tal gravedad que no es extraño que se incrementen los miedos, las angustias, los agravios, y que se propicie un caldo de cultivo donde se busca desesperadamente un responsable de todo lo que ocurre. Hay que decir que la búsqueda ha sido fructífera, parece que se ha hallado un chivo expiatorio: los auténticos responsables de lo que ocurre son los sindicatos. Es hora de ponerlos en su sitio, de demostrar a la opinión pública quien manda, y de no ceder ante sus reivindicaciones. Es el momento de ser firmes, de utilizar, si es menester, los aparatos policiales y de controlar los medios de comunicación estatales. Nadie es invencible. Sólo hay que tener determinación. Margaret Thatcher lo entendió así y supo encarar el combate con decisión reduciendo el poder de los sindicatos británicos. Mariano Rajoy no debe ser menos. Si es preciso debe llamar a lo ciudadanos corrientes a manifestarse para apoyar al gobierno y mostrar que la calle es de los que ganaron las ultimas elecciones generales.

Todo este conjunto de iniciativas muestran que estamos ante una huelga muy distinta a las anteriores. Aquellas huelgas marcaron puntos de inflexión en el 88 y en el 2002; ahora estamos ante el inicio de un conflicto social que nadie sabe como se va a desarrollar. Por el momento la derecha conservadora tiene un gran control de los medios de comunicación y sólo está preocupada por limpiar Televisión española de lo que denomina restos del zapaterismo. Con ese fuerte control ideológico nos encontramos con una opinión pública de izquierda que se tiene que refugiar en los medios digitales para poder contrarrestar la avalancha ideológica que trata de culpabilizar a las organizaciones sindicales de todo lo que ocurre. Para conseguir ese objetivo es imprescindible ganar la batalla ideológica y transformar el sentido de las categorías que utilizamos para entender la realidad social.

Por utilizar una sola de esas categorías, que hay que recomponer para transformar su significado, recomiendo al lector que observe como se utiliza la categoría de privilegio. Durante decenios el privilegio se entendía como el poder que emana de una herencia aristocrática y que permite a los detentadores de ese poder perpetuar su riqueza sin esfuerzo laboral alguno. Distinto es el privilegio de la clase burguesa que permite acumular un capital industrial o financiero; este privilegio se asienta en una desigualdad que hay que ganar día a día a través de la lucha de clases.

Ese mundo de la aristocracia del antiguo régimen y de la burguesía capitalista fue combatido por el movimiento obrero desde mitad del siglo XIX. A través de una lucha denodada por conquistar el sufragio universal en lo político y por asentar organizaciones sindicales en lo social, se fue consiguiendo que los sectores privilegiados se vieran forzados a pactar las condiciones laborales, el régimen salarial y la duración de la jornada laboral. Esa fue la gran aportación del Derecho del Trabajo. Se fue así fraguando un modelo de Estado en el que los derechos económico-sociales se extendieron al conjunto de la población y las oportunidades de vida se abrieron para todos. Para alcanzar ese modelo social hubo que soportar dos guerras mundiales, vivir la experiencia del Fascismo y del Nazismo, hasta llegar a construir un modelo de democracia que fuera atractivo para los trabajadores ante la experiencia alternativa de los países del Este. El sistema se legitimaba afirmando que no era necesaria la revolución para poder alcanzar la dignidad en el mundo del trabajo y la igualdad de oportunidades para el conjunto de la sociedad.
Desde hace años todo este universo comenzó a cambiar y los sectores conservadores se dieron cuenta de que el privilegio hoy sólo es posible para unos pocos, cada vez para menos y que los derechos no se pueden mantener. Había que cambiar la lógica del debate social. Había que oponer a los pobres con los nuevos pobres, a los excluidos con los trabajadores en activo, a los parados con los sindicalistas, a los padres con empleo con los hijos abocados al precariado. Una pieza esencial en este combate era mostrar que los derechos que tienen los que están dentro del sistema son “privilegios” que no se pueden mantener. No son derechos que ha costado mucho conseguir y que hay que preservar. No se trata pues de incluir al que está fuera sino de lanzar al abismo al que está dentro.

Durante mucho tiempo se hablaba de la capacidad del capitalismo para integrar al proletariado a través del consumo de masas. Los proletarios de la sociedad industrial avanzada sí tenían algo que perder. No estaban abocados a la pauperización. Eran ciudadanos y consumidores; y por ello se iban aburguesando paulatinamente ya que ellos mismos se vivían como clase media.

Hoy todo ha cambiado. Ya nada es seguro. Nadie sabe si el esfuerzo educativo conduce al empleo, si las pensiones están garantizadas, si se podrá mantener el sistema sanitario, si nuestros hijos vivirán como nosotros. Ante tal incertidumbre, ante tal angustia los sectores conservadores han logrado difundir la idea de que los auténticos responsables de lo que ocurre son los cancerberos del mercado laboral, los responsables son unos sindicalistas que sólo tratan de defender sus privilegios y a los que los trabajadores reales poco o nada importan.
Hay que decir que la difusión de esta idea puede acabar por imponerse y esta es una de las cosas que se juega en la próxima huelga general; mientras no se logre mostrar a la opinión pública quienes son los auténticos privilegiados la batalla está perdida. Recomiendo al lector para empezar este trabajo que rescate una imagen reciente: en unas jornadas económicas el propietario de un gran medio de comunicación recibe obsequioso al presidente del Gobierno, acompañado por el presidente de una gran caja de ahorros. La imagen es inigualable. Juntos Bankia (Rato) y el grupo Prisa (Cebrián) acompañados por el cerebro económico de la CEOE (Iranzo) arropando a Rajoy. Eran la viva imagen del privilegio económico influyendo en las decisiones del poder político.

Han pasado días desde aquella foto y observo, con asombro, que nadie habla de los auténticos privilegiados, que la catarata mediática sigue centrada en intentar convencernos de que los auténticos privilegiados son los sindicalistas, esos sindicalistas que quieren mantener unos privilegios que de una vez por todas hay que erradicar. La operación es clara: blindemos a la minoría auténticamente privilegiada y echemos a pelear a todos los demás.
Antonio Garcia Santesmases [publicado en la Web de "Viento Sur"]

lunes, 20 de febrero de 2012

BASTA DE REPRESIÓN

Ante los hechos acaecidos en Valencia en los últimos días, JSPV-València Ciutat nos oponemos frontalmente a la brutalidad policial y a la actitud de represión institucionalizada contra las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía.

Consideramos justas las reclamaciones de un colectivo de estudiantes que solo piden lo que legítimamente les pertenece, el derecho a una educación pública y de calidad, que no puede estar sujeto a una situación de crisis económica, ni su defensa a delegaciones de gobierno de corte autoritario.

Nuestros compañeros y compañeras han participado y seguirán participando en las protestas. La juventud es el motor de cambio, y estos días estamos viviendo en primera persona cómo se quieren ahogar nuestras voces con la política del miedo.

Los recortes en educación que está aplicando la derecha más antisocial, supone hipotecar el futuro económico y social de este país. Quien concibe los presupuestos en educación como un gasto y no como una inversión, no lo hace arbitrariamente, sino que responde a una estrategia privatizadora, un ataque directo a nuestro Estado del Bienestar y a los logros conquistados a lo largo de generaciones.

Vemos cumplida una vez más la máxima de que “si no te ocupas de la política la política se ocupará de ti”. La participación y movilización ciudadana que se vive en las calles estos días, con gente concentrándose sin miedo a las represalias, demuestra que la sociedad valenciana esta más viva de lo que demuestran las mayorías absolutas de la derecha, y que en absoluto tiraremos la toalla en nuestras reivindicaciones.

Entendemos y compartimos, más si cabe estos días, la indignación de la sociedad. Intolerables declaraciones como las del Jefe superior de Policía de Valencia llamando “enemigos” a los manifestantes, motivo de cese en un estado democrático, no hacen más que alimentar la rabia ciudadana.

La delegada del gobierno en el País Valenciano, Paula Sánchez de León, es responsable directa del atropello policial ocurrido en nuestras calles y, por tanto, exigimos su dimisión inmediata, así como que el presidente del gobierno valenciano, Alberto Fabra, de la cara y no siga escondiéndose.

El Partido Popular ha lanzado un órdago a la sociedad civil, esta lo ha aceptado y no esta dispuesta a permanecer pasiva. Joves Socialistes apoyaremos las manifestaciones pacíficas de la ciudadanía, alzaremos la voz contra los abusos y las injusticias, y seguiremos diciendo NO a la política del partido más antisocial y reaccionario.

COMISION EJECUTIVA LOCAL DE JSPV-València ciutat


sábado, 11 de febrero de 2012

PANDERETAS, JARANAS Y OLÉ




Cuando oigo hablar de la reforma laboral, sobre todo cuando los máximos dirigente de este país de fabulas, exclaman que la reforma es una plataforma para crear empleo, sin el menor atisbo de exageración, que estamos ante la mayor agresión a los derechos de la clase trabajadora desde la transición. Desde aquellos lejanos Pactos de la Moncloa (1977) y Estatuto de los Trabajadores (1980), que ya empezaron hace más de tres décadas a liquidar algunos de los derechos (despido libre y rebaja de la indemnización por despido o incrementos salariales según la inflación prevista) duramente conquistados por la clase trabajadora con su poderosa lucha durante la etapa final del franquismo, hasta hoy han sido nueve las reformas laborales.

Con ellas han ido imponiendo una creciente desregulación, flexibilidad y precariedad laboral, ya sea de forma pactada con los dirigentes de las centrales sindicales, con su pasividad cómplice o con una respuesta timorata e inconsecuente por su parte como el 29-S. De hecho, han sido los incalificables burócratas de las centrales sindicales quienes han allanado el camino a la reforma del PP con su pacto previo con la patronal donde aceptaban, entre otras cosas, el retroceso de los salarios por tres años más, con la que está cayendo sobre los trabajadores. La reforma que hoy ha anunciado el gobierno supone, en ese contexto, un salto cualitativo por varias razones, entre las que cabe destacar: Es la mayor agresión conocida a la negociación colectiva: además de hacer prevalecer los convenios de empresa sobre los de nivel superior, aumenta el poder empresarial al facilitar las cláusulas de descuelgue –ya aceptadas por las Centrales Sindicales, mas preocupadas por las representación sectorial— y cargarse la “ultra actividad” de los convenios (dejan de prorrogarse automáticamente pasados dos años después de haber vencido). Todo ello facilitará que los empresarios puedan imponer unilateralmente peores condiciones salariales y laborales a los trabajadores, limitando su capacidad de respuesta. El despido se abarata drásticamente por varias vías: se generaliza el despido improcedente a 33 días por 24 mensualidades (desapareciendo el despido de 45 días por 42 mensualidades) y se imponen nuevas causas para el despido justificado (bastará que una empresa vea reducidos sus ingresos durante tres trimestres consecutivos) que facilitarán que la mayoría de despidos sean objetivos (20 días por 12 mensualidades). Se mantienen las formas más precarias de contratación –contrato de aprendizaje y el límite a 24 meses en el encadenamiento de contratos temporales es poco menos que un chiste si tenemos en cuenta que se precariza todo el empleo, ya que se abarata el despido, igualando a la baja los contratos indefinidos con los temporales. Eso al margen del fraude patronal generalizado. Se suprime la autorización administrativa previa en los Eres, es decir, los empresarios podrán realizar despidos colectivos sin ninguna traba, y se extienden además al sector público la posibilidad de realizarlos. Esta era una vieja aspiración también de la patronal. Las ETT’s pasan a tener un papel central como agencias de colocación, lo que en la práctica supone la privatización del INEM por la vía de desviar su actividad hacia esas empresas de traficantes de trabajadores. En el mismo sentido de reducir derechos de los trabajadores y culpabilizarlos, aprovechando para privatizar lo público, se endurece la "lucha contra el absentismo laboral", dando mayor poder de control a las mutuas patronales, y se pretende que los parados con prestación realicen “trabajo social para la comunidad”, es decir, se les culpabiliza de su situación (cobran del Estado sin hacer nada) y se les utiliza para cubrir servicios públicos que corresponderían al Estado con lo cual el estado se ahorra de contratar trabajadores públicos, siendo esto un ataqué en la línea de flotación de aquél empleo publico y de calidad que convocaba el ESTADO.

Se trata de una reforma laboral que ataca en profundidad conquistas históricas de la clase trabajadora, los verdaderos productores de riqueza y la inmensa mayoría de la sociedad, en beneficio del capital. Y ningún trabajador o trabajadora (activo o parado, indefinido o temporal, del sector público o del privado, autóctono o inmigrante, joven o mayor) escapa a sus efectos, independientemente de la conciencia o el conocimiento que pueda tener sobre ello. Ni que decir tiene, por lo tanto, que tamaña agresión exige una respuesta lo más unitaria, amplia y sostenida en el tiempo que sea posible, si se quiere tener posibilidades reales de echarla abajo. Una agresión que hay que ver, además, como parte de la enorme ofensiva del capital y sus gobiernos contra los derechos también sociales de la mayoría social trabajadora, sobre la que quiere descargar la crisis ocasionada por el capital. A esa tarea debieran volcarse el sindicalismo de clase y alternativo, el activismo sindical y los movimientos sociales comprometidos con los intereses populares. Para el empresariado esta es una REFORMA de jarana, pandereta y ¡OLE!, mientras las colas ante Caritas cada día se van ampliando y se abren mas comedores sociales en los diferentes municipios gobierne quien gobierne.
José María Dominguez